Judicializados

La red ilegal estaba liderada por Fred Alexander Molina Álvarez, quien coordinaba tanto las extorsiones como el expendio.

Las víctimas, bajo presión, se dirigieron escoltadas por los presuntos victimarios hasta un cajero automático.

Estos exigieron 8 millones de pesos, a cambio de no judicializar a la pareja por utilizar el carro que presentaba una orden de embargo.

Los implicados exigieron a la víctima el pago de $15 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida. 

Desde octubre de 2024, esta organización habría movilizado ilegalmente personas que llegaban a Medellín.

Además; en Bello rescataron a cinco perros más sin agua ni comida.

Ricardo Ramírez Vásquez, señalado como cabecilla de la red, quien presuntamente se encargaba de pagar la nómina de los involucrados.

Las investigaciones revelaron que el primer caso ocurrió el 21 de octubre de 2024.

Según autoridades, la mayoría de víctimas tienen relación directa con familiares

Fueron imputados por los delitos de homicidio en persona protegida y tortura contra persona protegida. 

Las aves silvestres fueron trasladadas a un centro especializado para su rehabilitación, mientras los dos hombres fueron imputados.

Los acusados formaban parte del grupo armado que interceptó el bus, ordenó a los ocupantes agacharse y disparó contra la víctima.

Los presuntos agresores se desplazaban en una motocicleta y un taxi.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de septiembre cuando los policías, aprovechando su condición, habrían amenazado a la mujer.

Ninguno de los cinco implicados aceptó los cargos imputados.

Según el ente acusador, los uniformados nterceptaron al comerciante que se movilizaba en un vehículo de alta gama junto a su pareja. 

Un fiscal les imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La Policía Nacional, mediante operativos realizados en Medellín y Bello, logró la captura de los cuatro integrantes de la banda.

Los presuntos victimarios habrían exigido el pago de $2’ millones a los plagiados o información sobre un colega.

Este grupo ilegal delinquía en los barrios Castilla y Robledo ubicados en las comunas 5 y 7 de Medellín.