Red de oro ilegal sobornaba a funcionarios y criminales; Fiscalía les afectó bienes por $373 mil millones en Antioquia

La Fiscalía General de la Nación desmanteló una sofisticada red señalada de extraer y comercializar oro de manera ilegal en el nordeste y el bajo Cauca antioqueño. Cinco de sus presuntos principales articuladores fueron presentados ante un juez, y cuatro de ellos aceptaron cargos por delitos relacionados con explotación ilícita de minerales y fraude procesal. 

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Como parte de la investigación, a esta red delictiva le fueron afectados con medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio bienes avaluados en más de 373.000 millones de pesos, incluyendo un título minero. 

Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente; imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir con fines de explotación ilícita de yacimiento minero, extracción ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y fraude procesal. 

Por decisión judicial, todos los procesados deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia. 

Los elementos probatorios indican que el grupo tenía roles definidos y un sofisticado esquema de operación que incluía la corrupción de funcionarios públicos. La red, presuntamente, pagaba a servidores públicos para que alertaran sobre operativos en la zona, así como a estructuras criminales con injerencia en el departamento para facilitar la extracción, transporte y comercialización del oro. 

En cuanto a la jerarquía interna, María Consuelo Jiménez Salazar estaría encargada de administrar las finanzas de la actividad ilegal y coordinar la venta del metal. Por su parte, Yurley Orrego Trujillo y Luciano Antonio Arbeláez Ochoa serían los administradores de varios frentes de explotación ilícita. 

Además, Jhon Wilmar Cabrera González se encargaba de la logística, específicamente del transporte de repuestos y la contratación de mecánicos para reparar la maquinaria amarilla utilizada en los entables mineros. 

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Finalmente, a Bernardo de Jesús Orrego Barrios se le atribuye el fraude procesal, pues habría prestado un título minero para intentar legalizar tres lingotes de oro incautados a otro integrante de la organización, buscando evitar su captura.