Contraloría detectó incumplimientos en obras de infraestructura en la cárcel de Itagüí

Durante la auditoría que se realizó a las 127 cárceles del Colombia se encontró por parte de la Contraloría General de la República, que las entidades del sistema penitenciario y carcelario del país no han dado cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional. 

La Contraloría General de la República, luego de realizar una auditoría de cumplimiento a la gestión fiscal desplegada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia -USPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC y al Ministerio de Justicia y el Derecho, estableció 119 hallazgos, de los cuales 15 son fiscales en cuantía de $78,4 mil millones, resultantes del incumplimiento material adverso a las órdenes judiciales. 

Le puede interesar: “Me mató en vida”: madre de joven paisa asesinada en Perú revela detalles del presunto feminicidio 

La Corte Constitucional estableció que antes del 21 de abril del presente año, se debían haber terminado los diferentes proyectos de infraestructura (tal como ocurrió con obras complementarias en los establecimientos de El Espinal, Itagüí y Barranquilla, y bloques de alojamiento en Ipiales, cupos penitenciarios en Buga). Sin embargo, según indicaron las autoridades, ninguno ha sido finalizado o entregado a satisfacción.  

Le puede interesar: Se mantiene el confinamiento de familias en Remedios, pese a asistencia militar

“Lo que ha traído como consecuencia que estos proyectos se encuentren totalmente suspendidos y pongan en riesgo otras obras”. Se tienen 4.783 cupos inhabilitados por retrasos en la construcción de nuevos establecimientos de reclusión del orden nacional -ERON en Pereira y Sábanas de San Ángel, y demoras en la entrada en operación de la infraestructura modular en Itagüí y un sector de ampliación en Buga. 

A esto se suma, que los Centros de Detención Transitoria no cumplen con ninguna de las condiciones mínimas establecidas, registra cifras récord de hacinamiento superior al 500% y se evidenció ausencia absoluta de programas de resocialización y trabajo.