Procuraduría

Según el ente de control, el comportamiento del funcionario podría constituir una violación a los principios que rigen la función pública.

Su conducta fue calificada como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. 

Alcalde pidió celeridad en la investigación. Además del mandatario, son siete concejales que serán investigados.

Se busca esclarecer si el mandatario local gestionó, a través de dineros y favores, la manera de influir en comicios de la mesa directiva.

Así lo reveló el exalcalde de Medellín, en medio de la pelea con el presidente del Concejo de la ciudad.

El ente busca corroborar las conductas descritas y determinar si constituyen una falta disciplinaria por parte de funcionarios de Envigado.

El concejal aseguró que Quintero deberá demostrar judicialmente los señalamientos.

La entidad de control confirmó una sanción de seis meses para el exmandatario por una falta grave en el ejercicio de sus funciones.

El órgano de control calificó su presunta conducta como una falta grave cometida a título de dolo

La suspensión se da tras comprobarse que durante su gestión solo una mujer ocupó uno de los siete cargos directivos.

MinHacienda impugnó la orden que, solicitó el giro de 6 mil millones para la realización de la Consulta.

La Procuraduría solicitó al Fondo de Adaptación copia de los documentos que soportan la ejecución del proyecto.

El exfuncionario habría vulnerado los principios de legalidad y responsabilidad

La Procuraduría calificó provisionalmente la falta de las investigadas como gravísima a título de culpa gravísima. 

La solicitud la realizaron las comunidades por la construcción de los proyectos Puerto Bahía Colombia de Urabá y Puerto Antioquia.

Presuntamente el investigado, expidió un acto administrativo en el que aceptaba la renuncia de otro concejal.

La procuraduría formuló pliego de cargos por el presunto delito de conflictos de intereses

El organismo de control entregó un contexto actual de la práctica grafitera en la ciudad como una forma alterna de comunicación

Se trata de María Antonia Sánchez Rave, quien se desempeñó como gerente de la EDU durante la administración de Quintero Calle.

El Ministerio Público señaló que esta acción pudo violar los principios de moralidad, transparencia y honradez.