
Por presunta extralimitación en sus funciones se profirió cargos a expresidente del concejo de Guadalupe
La Procuraduría General de la Nación emitió pliego de cargos contra el concejal del municipio de Guadalupe, norte de Antioquia. Se trata de Juan Camilo Rivera Lezcano, quien según la autoridad habría incurrido en presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Según la Procuraduría el investigado, mientras ejercía como presidente de la corporación (en septiembre del 2024). Expidió un acto administrativo en el que aceptaba la renuncia del también concejal Jailer Armando Jiménez Giraldo de manera unilateral, por lo que, presuntamente la decisión no fue puesta en conocimiento en la plenaria o mesa directiva del Concejo Municipal.
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En este momento, la Procuraduría Provincial de Instrucción del Valle de Aburrá, verifica si el funcionario señalado vulneró los principios de responsabilidad y transparencia establecidos en la ley. Así mismo, el Ministerio Público calificó provisionalmente la falta del funcionario como grave, cometida a título de dolo.
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Sobre el concejal del municipio de Guadalupe, Juan Camilo Rivera Lezcano, hay que indicar que El Tribunal Administrativo de Antioquia, decretó en primera instancia, la perdida de investidura. Esto por considerar que el corporado habría incurrió en violación al régimen de conflicto de intereses. Ya que no se declaró impedido al intervenir en un asunto que reportaba un beneficio económico a su hijo, en la elección de la madre del menor como secretaria del concejo municipal.
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La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos contra el exconcejal de Valparaíso, suroeste antioqueño, Mateo Aguirre Sánchez, por presuntamente incurrir en un conflicto de intereses al favorecer a sus familiares en un proyecto de vivienda municipal durante su periodo en 2021.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Amagá señala a Aguirre Sánchez de actuar como ponente y votar favorablemente un proyecto de acuerdo que resultó en beneficios para miembros de su propia familia.
Según el órgano de control, el entonces concejal participó activamente en el proyecto de acuerdo que autorizaba al alcalde municipal a ceder gratuitamente un inmueble para la ejecución de proyectos de vivienda social.