Capturan a guardianes del INPEC acusados de abusar y embarazar a una reclusa en cárcel de Medellín

Dos guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), identificados como Diego Stiven Castaño Sánchez y Cristian Camilo Alvarado Torres, fueron capturados en Puerto Berrío y la Dorada Caldas; señalados como presuntos responsables de agredir y dejar embarazada a una reclusa, identificada como Andrea Valdez.

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Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron en el 2024 en la cárcel El Pedregal de Medellín. Los guardianes habrían abusado de su posición de poder y de la indefensión de la víctima. 

El ente acusador detalló que el primer ataque, perpetrado por Alvarado Torres, ocurrió cuando ingresó de manera ilegal a la celda de la víctima. El segundo abuso, días después, fue cometido por Castaño Sánchez, quien además ejercía como pabellonero en turnos nocturnos.

Ambos ataques fueron descritos como brutales y violentos, con amenazas de muerte explícitas si la reclusa se atrevía a denunciar. La Fiscalía subraya que las agresiones se dieron en un contexto de aislamiento total y ausencia de vigilancia, lo que facilitó los vejámenes.

La principal prueba en este caso es una prueba de paternidad que se le realizó al bebé de la víctima. Los resultados fueron contundentes: se determinó que Diego Stiven Castaño Sánchez es el progenitor, con una probabilidad de parentesco del 99.9999999%.
A pesar de la contundencia de esta evidencia, los dos guardianes no aceptaron los cargos de acceso carnal violento que les imputó la Fiscalía.

Andrea Valdez logró sobrevivir no solo a las agresiones, sino también a un presunto intento de acabar con su vida y la de su bebé. La víctima relató que, en un punto, sintió que había ingerido algo que le provocó un fuerte dolor estomacal y sangrado, lo que ella cree fue un intento de provocar un aborto para eliminar la prueba de los abusos. Afortunadamente, tanto ella como su bebé lograron salvarse.

La denuncia de Andrea, en un largo y difícil proceso, ha permitido que este caso llegue a la justicia. En las próximas horas, un juez definirá la medida de aseguramiento para los capturados. De ser hallados culpables, podrían enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión, en lo que la Fiscalía ha calificado como un caso de alto impacto social.

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