Hasta $20 millones por recluso: Nación deberá indemnizar a internos de la cárcel de Itagüí por hacinamiento

En un fallo histórico, el Consejo de Estado ha ordenado que la Nación indemnice a más de 1.000 internos de la cárcel La Paz de Itagüí, quienes fueron sometidos a condiciones inhumanas de hacinamiento y tratos degradantes entre los años 2013 y 2018. La sentencia reconoce el daño antijurídico sufrido por los reclusos y establece compensaciones de hasta 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a cerca de $20 millones de pesos por persona. 

Le puede interesar: Capturan en Bello a alias ‘Gordo Sierra’: Lo señalan por confrontaciones con el Tren de Aragua en Bogotá

La decisión responde a una demanda que denunció graves violaciones a los derechos fundamentales de los privados de la libertad. Según el expediente, las celdas diseñadas para dos personas llegaron a albergar hasta 12 internos, obligándolos a turnarse para dormir y usar los baños. La ausencia total de programas educativos, laborales o recreativos agravó la situación, junto con condiciones de higiene precarias y falta de atención médica básica. 

Los demandantes también denunciaron tratos irrespetuosos por parte del cuerpo de guardia, incluyendo requisas que dañaban pertenencias y alimentos, así como la inasistencia a citas médicas por falta de recursos. 

La acción judicial fue interpuesta por Carlos Mario Gómez y José de Jesús García Acevedo, quienes señalaron al Ministerio de Justicia, el INPEC y la USPEC como responsables de garantizar condiciones dignas en los centros penitenciarios. Aunque las entidades demandadas alegaron que el daño era incierto y que el hacinamiento era un problema estructural, tanto el Tribunal Administrativo de Antioquia como el Consejo de Estado rechazaron estos argumentos. 

El alto tribunal concluyó que, si bien se han hecho esfuerzos institucionales, estos han sido insuficientes para mitigar la crisis intramural. 

El fallo establece que los internos serán divididos en cuatro grupos, según el periodo y la continuidad de su reclusión entre 2013 y 2018, para determinar el monto de la indemnización. Aquellos que soportaron mayores afectaciones en términos de duración y porcentaje de hacinamiento recibirán el tope máximo de compensación. 

Más noticias importantes

Desaparece menor de 17 años tras choque entre lancha de la Armada y embarcación artesanal en Turbo

Una emergencia marítima en el Golfo de Urabá ha dejado a un menor de 17 años de edad desaparecido y a un adulto herido, luego de que una embarcación de la Armada Nacional colisionara con una lancha artesanal. 

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, que ocurrió en el sector de Punta de Piedra, en jurisdicción del Distrito de Turbo.

Según información preliminar, el hecho se presentó mientras unidades de Guardacostas realizaban un procedimiento a una embarcación que se movilizaba a alta velocidad y de manera sospechosa. En el transcurso de la operación, la lancha oficial impactó contra una embarcación artesanal que, al parecer, no contaba con la señalización necesaria y se encontraba realizando labores de pesca en horarios no permitidos.

Tras la colisión, se suspendió de inmediato el procedimiento oficial y se iniciaron las labores de rescate. Un hombre adulto, que resultó herido, fue auxiliado por la tripulación de la Armada y trasladado al Distrito de Turbo para recibir atención médica urgente en un centro asistencial.

Lea también: Un chisme terminó en muerte y dolor en Medellín: “sapió” a su amigo y desató la riña fatal

Una vez a salvo, el hombre rescatado informó que una segunda persona lo acompañaba en la lancha. Posteriormente, se confirmó que se trataba de un menor de 17 años, identificado como Julio Lara Gutiérrez, quien permanece desaparecido. 

Unidades de Guardacostas continúan con un operativo de búsqueda con medios humanos y marítimos para dar con su ubicación.

Se conoció que la Institución Naval ha ordenado el inicio de una investigación interna y ha manifestado su disposición para colaborar con los requerimientos de las autoridades competentes.