
Gobernador de Antioquia dice la verdadera dificultad para las próximas elecciones la genera el Gobierno con la política de "Paz total"
Tras la alerta que emitió la defensora del pueblo, Iris Marín, donde identificaron posibles vulneraciones a derechos de derechos humanos, antes, durante y después de las elecciones presidenciales y de congreso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona se pronunció al respecto.
El mandatario mostró su preocupación por el accionar delictivo de los grupos armados ilegales e indicó que la mayor dificultad que se tiene de cara a los procesos electorales los ha generado el Gobierno Nacional con la política equivocada de la “Paz Total”, que lleva tres años permitiéndole a los criminales que crezcan a través de estos procesos de paz.
El mandatario explicó que, por ejemplo, el municipio de Briseño llegó a ser un territorio libre de coca, libre de minas antipersonal, y hoy, al igual que Valdivia, constituye un enclave cocalero que se disputan los distintos grupos criminales.
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"Es una situación muy lamentable a la que se ha llegado por cuenta de decisiones equivocadas del Gobierno Nacional. Y de nuevo aquí volvemos a decisiones inapropiadas, equivocadas, casi criminales del Gobierno Nacional, negociando con bandidos condenados en la cárcel de Itagüí, bandidos que responden por rentas criminales que superan el millón de pesos anuales, no solo fruto de la extorsión, sino de todo el microtráfico", dijo Rendón Cardona.
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En cuanto a las denuncias que hay sobre supuestas presiones de los grupos armados ilegales para decidir quien puede ser candidatos o quien se podría movilizar por los territorios, el gobernador dijo que siempre han tenido información de la presencia de estos grupos armados ilegales en los municipios, pero no precisamente sobre el control territorial de los municipios.
Además, aseguró que durante el gobierno de Gustavo Petro las disidencias Farc en el departamento han crecido un 70% y el Clan del Golfo un 40%. Así mismo, señaló que en los 20 meses que lleva al frente de la administración gubernamental, se han registrado casi 60 soldados y policías asesinados por estas estructuras criminales.