Falsos positivos

De acuerdo con lo indicado por la Jurisdicción Especial para la Paz, esto se debe a que no fueron considerados máximos responsables.

El Tribunal también ordenó el pago de indemnizaciones por perjuicios morales y afectación a derechos constitucionales para 18 familiares.

Los comparecientes asumieron el compromiso de iniciar proyectos restaurativos.

Las investigaciones en ejecuciones extrajudiciales se registraron en el Valle de Aburrá.

Los delitos cometidos por los hoy comparecientes se registraron en medio de las operaciones llevada a cabo en la comuna 13 de Medellín.

En este lugar fueron engañadas personas que posteriormente fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate.

En estos hechos ocurridos en el Oriente de Antioquia fueron asesinadas 6 personas y presentadas como supuestas bajas en combate.

Otros 10 comparecientes fueron responsabilizados como máximos determinantes de estos hechos violentos.  

Las vóictimas fueron identificadas como Abraham González Torres y Rodrigo Humberto Torres Múnera

Aseguran que existía una política de seguridad democrática que estimulaba el exterminio del contrario a como diera lugar

Dijo la funcionaria que, "los falsos positivos no fueron ninguna política de la seguridad democrática”.

Los hechos ocurrieron entre los años 2004 y 2007.

La JEP ha esclarecido miles de hechos ilustrativos del patrón macrocriminal y determinará si existieron o no responsabilidad nacional.

El Caso 08 investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, u otros agentes del Estado, en asociación con paramilitares.

Este viernes continúa la audiencia de la JEP sobre el Macro caso 03.

Se realizan audiencias en las que se entregan aportes a de verdad y reconocimiento de responsabilidad en el conflicto armado.

En el acto fueron escuchados los representantes de 21 familias de 35 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia.

Medellín es el municipio con más víctimas de desapariciones forzadas en Antioquia.

El caso del coronel (r) Iván Pineda fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, porque no aceptó su responsabilidad.

El Tribunal para la Paz emitirá sentencia y sanción a los ocho exintegrantes de la Fuerza Pública por hechos cometidos entre 1997 y el 2007.