Los procesados y una contratista habrían incurrido en sobrecostos del 50% en la adquisición de elementos de bioseguridad.
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9 Jul 2020 07:18 PM

Por presunta corrupción para la atender la pandemia, la Fiscalía formuló cargos contra tres militares de Medellín

Los procesados y una contratista habrían incurrido en sobrecostos del 50% en la adquisición de elementos de bioseguridad.

En un posible hecho de corrupción, un fiscal de Tareas Especiales COVID- 19, formuló cargos  contra dos oficiales, un suboficial y una contratista de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional en Medellín, por presuntas irregularidades y sobrecostos del 50% en un contrato, que tenía por objeto la adquisición de elementos básicos de protección y desinfección para las unidades adscritas a  unidad militar.

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El convenio fue celebrado por la Central Administrativa y Contable del Ejército Nacional (CENAC), con recursos destinados para la atención de la pandemia mundial.

Por las presuntas irregularidades, el ente investigador imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tentativa de peculado y falsedad ideológica en documento público en contra del coronel Freddy Alberto Baquero Jaimes, ordenador del gasto de la CENAC; el capitán Harold Cárdenas Mesa, supervisor del contrato; el sargento segundo Carlos

Eduardo Oviedo Cruz, Oficial de Contratación (E) y la contratista Luisa María Castiblanco Zapata.De acuerdo con las evidencias recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría para defensa de los recursos públicos,  la contratación con la empresa PACIFIC GROUP and BUSINESS SAS, de la cual Luisa María Castiblanco Zapata es representante legal, no se ajustó a las normas constitucionales.

La mencionada empresa no cuenta con la experiencia, idoneidad y capacidad financiera para llevar a cabo el objeto contractual, advierten los investigadores.

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Por estos hechos el Juzgado 14 Penal Municipal de Control de Garantías avaló la petición de la Fiscalía y concedió medida de aseguramiento no privativa de la libertad, confirmaron fuentes judiciales.