Denuncian nuevas supuestas irregularidades en el traslado de voceros al “tarimazo” de Petro en Medellín

Una nueva denuncia de la concejala Claudia Carrasquilla pone en entredicho la legalidad del traslado de varios reclusos al evento público liderado por el presidente Gustavo Petro en Medellín, señalando presuntas inconsistencias en la documentación oficial del Inpec.

La polémica por la presencia de cabecillas de bandas criminales en el evento público del pasado 21 de junio en Medellín, conocido como el “tarimazo”, sigue creciendo. Esta vez, la concejala y exfiscal Claudia Carrasquilla reveló una posible irregularidad en la resolución mediante la cual el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) permitió la salida de algunos de estos reclusos.

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Según la denuncia, existe una presunta incongruencia en las fechas de los documentos administrativos. Carrasquilla citó la resolución 005304 del 20 de junio de 2025, que modifica la resolución 005208 del 19 de junio, y que autoriza cambios en el listado de reclusos trasladados.

No obstante, el texto haría referencia a un correo enviado por la senadora Isabel Zuleta el 21 de junio, es decir, un día después de emitida la resolución modificatoria. Así lo explica la concejala, “la resolución la sacaron sin que hubiera llegado el correo de Isabel Zuleta, entonces ahí estamos frente a una falsedad en documento y nuevamente ante un prevaricato por acción porque están mintiendo, están diciendo que este es el soporte con el cual se sacó a Zapata y se sacó a alias Compa y esa resolución es falsa porque tiene o consigna mejor una falsedad porque el correo lo recibe el 21 de junio”.

De confirmarse esta irregularidad, se pondría en duda la legalidad del acto administrativo y la transparencia del procedimiento que permitió la salida de los voceros de bandas del centro penitenciario de Itagüí para participar en el evento convocado por el presidente en el Centro Administrativo La Alpujarra.

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Carrasquilla reiteró que, conforme a la normatividad del sistema penitenciario colombiano, los condenados solo pueden salir de prisión con autorización judicial, no mediante resoluciones administrativas firmadas por el Inpec, el ejecutivo o legislativo.

Por esto, insinuó que funcionarios firmantes, así como el presidente Gustavo Petro y la senadora Zuleta —quien coordina la Mesa de Paz Urbana en Medellín—, podrían haber incurrido en un grave delito, “Pero lo grave es que en esa resolución no está este señor de apellido Zapata. Por eso yo salgo a hacer la queja y a presentar las respectivas denuncias porque en ese orden de ideas, él no estaba en esta resolución, estaba Isabel Zuleta, el director de la cárcel hasta el presidente Gustavo Francisco, incurriendo en un delito de favorecimiento de fuga de presos”.

El caso suma un nuevo capítulo a la controversia nacional por la aparición en tarima de jefes de bandas criminales, condenados por graves delitos, en un evento oficial del gobierno. La ciudadanía y distintos sectores políticos han cuestionado tanto el fondo como la forma del encuentro, mientras se exigen explicaciones claras sobre el proceso legal que hizo posible su participación.

Por: Alejandro Gaviria González