Contraloría investiga a exfuncionarios de Quintero por no pagar servicios en colegios

La Contraloría Distrital de Medellín anunció la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra seis exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín, entre ellos, la exsecretaria de Educación, Martha Alexandra Agudelo Ruiz, quien se desempeñó en este cargo entre enero de 2020 y febrero de 2023.  

La Contraloría abrió este proceso debido a un hallazgo de pagos de intereses por más de $252 millones de pesos, ocasionados por el pago extemporáneo de servicios públicos en instituciones educativas oficiales, durante varios periodos de su gestión. Los pagos corresponden a obligaciones contractuales con EPM, conforme al contrato 1538220. 

Dentro de los funcionarios que serán investigados se encuentra, Juan David Agudelo Restrepo, Alexander Arias Carvajal y Ana Marcela García Arboleda.

De acuerdo con el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, esta situación fue detectada en el marco de auditorías financieras y de gestión vigencia 2023, y se advierte que los hechos habrían implicado una presunta omisión del deber funcional de garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones presupuestales.  

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Agrega el funcionario que, el proceso en curso busca establecer si existió una afectación patrimonial al Distrito y si ello es atribuible a acciones u omisiones de los funcionarios involucrados, entre ellos la exsecretaria, dentro de sus deberes legales y contractuales. 

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Para De Bedout, de comprobarse los hechos, se trataría de un caso en el que se habrían puesto en riesgo los servicios públicos esenciales de instituciones educativas por fallas sostenidas en el tiempo. 

Hay que indicar que, hace un mes la Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia, el fallo del 31 de octubre de 2023 proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1, mediante el cual sancionó disciplinariamente a Martha Alexandra Agudelo Ruiz en condición de secretaria de Educación de Medellín para el 2020, con destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el término de ocho años. 

El ministerio público indicó que, Agudelo habría aprobado un contrato de forma directa para dicho programa, con pleno conocimiento de que eran otros los mecanismos institucionales para celebrar dicha alianza.