Con un 67,43%, Antioquia encabeza la lista de regiones con aumento de migrantes en tránsito irregular

La Contraloría General de la República presentó los resultados de un estudio intersectorial que evaluó la Política Pública Contra el Tráfico de Migrantes. Entre el 15 de enero y el 30 de abril del año 2025, Migración Colombia registró el ingreso de 7.592 migrantes por vía marítima, desde Puerto Obaldía (Panamá) al corregimiento de Capurganá en el municipio de Acandí, Chocó y de allí, la mayoría se traslada hacia Necoclí en el departamento de Antioquia.  

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Precisamente en el departamento de Antioquia encabeza la lista nacional con el 67,43% del total de caso, seguido por Nariño con el 29,96% y Putumayo con el 1,40%. La elevada proporción registrada en Antioquia explica la Contraloría es debido a su ubicación geográfica y su proximidad a la frontera con Panamá, lo que ha convertido a municipios como Necoclí y Turbo en puntos de salida de migrantes irregulares hacia Centroamérica. 

Por otra parte, el contralor delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Luis Enrique Abadia se refirió a la situación por la que viene atravesando la migración inversa tanto en Acandí, como Juradó y Bahía Solano, en el departamento de Chocó: "Migración Colombia ha hablado que por el lado de la frontera por el Atlántico, es decir, Acandí se han registrado más de 8 mil personas en este migración inversa. Por el lado de Juradó, se han registrado más de 250 personas".

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La Contraloría hace un llamado a fortalecer los sistemas de control, mejorar la planeación fiscal y focalizar recursos donde más se requieren, para garantizar una atención adecuada a la población migrante y proteger la sostenibilidad de los servicios públicos. 

Estos datos se dieron a conocer durante el foro “Problemática y retos de la migración en tránsito en Colombia”, realizado en la ciudad de Quibdó. La Contraloría General de la República presentó los resultados de un estudio intersectorial que evaluó la Política Pública Contra el Tráfico de Migrantes en el periodo 2016 – 2023, señalando preocupantes debilidades en su implementación.