Tras dos décadas de espera, víctimas de despojo en zona de Puerto Antioquia acuden a la CIDH en busca de justicia

La Fundación Forjando Futuro presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  la situación de 125 personas que, tras más de dos décadas, siguen esperando la restitución de sus tierras en el corregimiento de Nueva Colonia, zona rural del municipio de Turbo. 

De acuerdo con la fundación, se trata de un grupo de familias que reclaman la devolución o compensación de más de 250 hectáreas despojadas, ubicadas en zona de influencia al proyecto Puerto Antioquia.

Uno de los casos más representativos es el de la vereda  La Teca, que permanece sin una decisión judicial desde el año 2006. Según la Fundación, el proceso pasó de Justicia y Paz a la justicia ordinaria en 2017, bajo la competencia de los jueces de restitución de tierras, sin que hasta el momento se haya emitido un fallo que permita a las víctimas regresar a sus predios.

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Gerardo Vega, abogado y director de la fundación Forjado Futuro explicó que, si bien  dentro de muy poco tiempo iniciará la operación en Puerto Antioquia, esta es la hora en que no se reconocen a las víctimas por el despojo de los paramilitares en el año 2001

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"Han pasado casi 20 años desde el despojo y las víctimas siguen sin una respuesta definitiva”, señaló Forjando Futuro, que acompañó la reclamación desde sus inicios. La organización recordó que cuatro de los líderes reclamantes —Darío Bolívar, Edelmira Chiquilo, Aquivaldo Palacio y Alberto Padilla— fallecieron esperando justicia, sin que el Estado resolviera su situación.

Ante la falta de avances, Forjando Futuro solicitó que el caso de La Teca fuera separado del proceso colectivo del Consejo Comunitario de Puerto Girón, con el fin de agilizar la decisión sobre las tierras reclamadas. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el juez a cargo.

Precisamente, una de las víctimas es Rafael Enrique Galarce, un campesino que espera la compensación de sus predios y de esta manera ponerle fin a más de 20 años de angustia.

Esta negativa llevó a la organización a acudir al sistema interamericano de derechos humanos, buscando que la CIDH exija al Estado colombiano una respuesta oportuna y efectiva para las 125 personas que aún esperan justicia.

Las víctimas piden una atención inmediata, ya sea mediante la restitución de sus predios o la asignación de otros en condiciones equivalentes, que les permitan reconstruir su vida y acceder nuevamente a un medio digno de subsistencia.