Gobernación de Chocó, Ariel Palacios.
Gobernación de Chocó, Ariel Palacios.
Cortesía: Gobernador de Chocó.
24 Mar 2022 10:24 AM

Por corrupción: Ordenan detención domiciliaria contra el gobernador de Chocó

Johanna
Ramírez Gil
@johannarami
El funcionario es investigado por presuntas irregularidades en la contratación de elementos de bioseguridad.

Por considerar que puede obstruir la justicia, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia contra el actual gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón. 

El funcionario afronta una investigación por presuntas irregularidades en la contratación directa para adquirir elementos de bioseguridad por $220 millones, amparado en un decreto de 2020 en el que declaró la urgencia manifiesta para atender la pandemia pero el cual no envió a la Contraloría General, así como tampoco los soportes de la contratación.

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Durante la audiencia, la magistrada acogió los argumentos presentados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) e impuso la separación temporal del cargo del gobernador de Chocó y expidió la orden de captura.

"El despacho mantiene la decisión de la necesidad de la imposición de medida de aseguramiento para evitar la obstrucción a la justicia, debido a que el imputado por ejercer actualmente el cargo de gobernador de Chocó, podría inducir a los imputados o testigos para que oculten la verdad e impidan el trámite de la administración de justicia. Las máximas de la experiencia indican que el temor de los subordinados hacia su superior hace que, en ocasiones,  callen la verdad", señaló la funcionaria judicial.

Palacios Calderón no aceptó los cargos imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión.

Según la Fiscalía, otras de las  inconsistencias estuvieron relacionadas con la ausencia de descripción de la necesidad en la cantidad, tipo y destinación de los artículos de bioseguridad, “presuntas falsedades en la etapa precontractual” y “falta de idoneidad del contratista”.

Tras la investigación, la Gobernación de Chocó cumplió con la exigencia legal de enviar la documentación a la Contraloría.