65% de colombianos aprueba la legalización del aborto, según la primera Encuesta de Percepción Sobre la Interrupción de Embarazo
El senador John Milton Rodríguez, del partido Colombia Justa-Libres explicó en qué consiste la iniciativa que será radicada en tres semanas.
Un grupo de congresistas que se autodenominan la bancada “próvida” y que, entre otras cosas, se oponen al derecho del aborto en el país, reveló una de las iniciativas que radicará ante el Congreso de la República. Se trata de un mínimo vital para mujeres en estado de embarazo producto de una violación sexual.
El senador John Milton Rodríguez, del partido Colombia Justa-Libres y quien lidera la iniciativa, indicó que “este proyecto de ley le da la protección a la niña, a la joven o a la mujer que ha sido violada y que el Estado debe restituirle sus derechos, salvaguardando la garantía de trabajo, estudio, salud y la prestación de los derechos básicos de vida si están en condición de vulnerabilidad”.
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Para Rodríguez, muchos casos de aborto son la consecuencia de la falta de alternativas. “Para una mujer que es violada, la única opción es estar sola en la angustia”.
Teniendo en cuenta que el 60 % de los colombianos viven en situación de pobreza, Rodríguez sostiene que “el ingreso mínimo vital, en ausencia de recursos económicos, garantiza la posibilidad de que la persona tenga todos los elementos económicos para alimentación y vivienda, hasta un año después de que la mujer tenga el bebé, a no ser que la mamá considere entregarlo en adopción, que también es una opción que da el proyecto de ley”.
¿Qué es un ingreso mínimo vital?
El congresista sostuvo que el mínimo vital, bajo los cánones generales de economía, “sería básicamente para una familia de cuatro personas, al menos un salario mínimo, como mínimo, o lo que esté pendiente, porque es posible que la persona tenga subsidios del Estado por otro lado. Además estoy hablando de condiciones de desempleo, porque si la persona tiene su empleo, ahí no se requiere”.
La iniciativa, que está a tres semanas de ser radicada, cobija un mínimo vital de máximo un año y solo cobijaría a mujeres que hayan sido violadas y producto de ello queden en estado de embarazo.
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Sobre la posición de organizaciones que están a favor de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, Rodríguez aseguró que hay personas que no se sienten representadas con la sentencia de la Corte, por lo que prefieren seguir adelante con el embarazo.
“Estamos en una democracia, de tal manera que habrá personas que tomarán la opción que establece la Corte Constitucional, pero también hay personas que no se sienten representadas en esa sentencia de la Corte, y prefieren una opción próvida, entonces también es darle otra opción a las mujeres, amparadas por la restitución de derechos por parte el Estado”, indicó.
En cuanto a quienes han llamado la iniciativa como un “subsidio por violación”, el parlamentario sostuvo que el propósito del proyecto de ley es salvaguardar y restituir los derechos de la mujer consagrados en el artículo 42 de la Constitución.
“Lo que buscamos es proteger a aquellas mujeres que han sido violentadas, como tal no es un subsidio a la violación, eso es ridículo, pero hay personas que con tal de generar tendencia negativa frente a iniciativas dicen lo que se les ocurre. Pero no es así, lo que se hace es restitución de derechos, que si se requiere inclusive restitución económica para salvaguardar la posibilidad de vida, el Estado debe hacerlo”.
Sin embargo, antes de ser radicada, la propuesta es centro de la polémica y hasta indignación, al ser considerada como una afrenta a los derechos reproductivos y sexuales que han ganado las mujeres en Colombia.
La médica en Bioética, Ana Cristina González Vélez, y una de las fundadoras de la Mesa por la Vida y a la Salud de las Mujeres se mostró en completo desacuerdo con este proyecto, al considerar que va en contravía de la dignidad de la mujer.
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“Para empezar, en Colombia más de la mitad de los embarazos son no deseados y las mujeres recurren a la interrupción voluntaria del embarazo por muchas razones, en el país es legal hacerlo si la vida o la salud de la madre está en riesgo, si ocurre una malformación genética o en casos de violación. Y regularmente en caso de estas circunstancias, que no refleja la mayoría de las necesidades que tienen las mujeres que desearían interrumpir una gestación, en esos casos, las mujeres abortan porque eligen interrumpir una gestación, así que yo no sé de dónde saca el congresista esa afirmación (sobre falta de opciones) que además denigra a las mujeres puesto que duda de las decisiones que las mujeres toman”, manifestó.
La doctora asegura que esa iniciativa “va en contravía de las causales que se crean para darle opciones a las mujeres, porque cuando una mujer está embarazada puede tomar varias decisiones: llevar adelante la gestación, interrumpir la gestación o dar a su hijo en adopción, así que el aborto es una de las alternativas legítimas que tienen las mujeres en nuestra sociedad”.
Fuente
Sistema Integrado Digital
