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6 Jun 2025 05:04 PM

Defensoría del Pueblo emitió Alerta Temprana por violaciones a los DD.HH. por grupos ilegales en San José del Palmar (Chocó)

Martín Manuel
Díaz Rubio
El conflicto armado y las dinámicas de control territorial de estos grupos han generado graves impactos sobre la población civil.

La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana en la que se reseña el riesgo que persiste en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, originadas por el accionar del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).  

Situaciones tales como el conflicto armado y las dinámicas de control territorial de estos grupos han generado violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en contra de la población civil.  

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Según la Defensoría, el ELN ha consolidado su control territorial en San José del Palmar a través del Frente de Guerra Occidental 'Omar Gómez'. Así mismo, ha generado afectaciones a la población civil, incluyendo amenazas contra derechos fundamentales.

A esto se suma que la población enfrenta restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados y la imposición de normas de comportamiento por parte del grupo armado. 

De igual forma, el EGC busca expandir su influencia en el municipio desde la Subregión del Bajo San Juan Chocoano. La cercanía del EGC en municipios fronterizos como Nóvita y Sipí ha permitido incursiones esporádicas en veredas de San José del Palmar, aumentando la probabilidad de agresión contra la población civil. 

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Ante las dinámicas del conflicto la Defensoría señala que hay condición de riesgo para niños, niñas adolescentes y jóvenes, población víctima y sobreviviente del conflicto armado, población Afrodescendiente, población migrante venezolana y población indígena.  

Dentro de las recomendaciones que hace la institución, se encuentra la coordinación a la respuesta rápida para activar los mecanismos, minimizar los riesgos y amenazas advertidos. 

De igual forma, piden que se haga el acompañamiento, por parte del Ministerio Público, para asegurar que las medidas adoptadas por las autoridades locales sean adecuadas y eficaces en la protección de la población y en la prevención de nuevos riesgos.