Transportadores reportan perdidas de $500 millones de pesos diarios por bloqueos en vías de Urabá

Desde el pasado viernes, el Urabá antioqueño se ha visto afectado por los bloqueos realizado por representantes de asociaciones campesinas de esta subregión. Estas personas han realizado cierres intermitentes y totales en los principales ejes viales de este sector por los incumplimientos en la entrega y formalización de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras.

La principal afectación se registra en la vía que conecta a San Juan de Urabá con el municipio de Arboletes, aunque también se reportan alteraciones en otros corredores de la zona.  

El sector transportador es uno de los más golpeado. Juan Pablo Acosta, presidente de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, reveló que las pérdidas económicas superan los $500 millones de pesos diarios, sumado al aumento en los tiempos de viaje y el mayor consumo de combustible. 

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"Nuestro llamado al Gobierno Nacional para que nos garantice a todos los usuarios del transporte, ese derecho a la libre movilización. Libre movilización que hoy está siendo vulnerado, porque respetamos también todas las acciones que tienen los ciudadanos de manifestarse, pero que hoy el sector viene siendo perjudicado por estos bloqueos que se realizan constantemente en las diferentes carreteras del territorio nacional", dijo Acosta. 

Los manifestantes, quienes hacen parte de comunidades indígenas y de campesinos de Urabá, exigen al Estado celeridad en los procesos de acceso a la tierra, la formalización de la propiedad y garantías plenas para las comunidades rurales. Además, reclaman una reforma urgente al programa entrega de tierras, denunciando el incumplimiento de ordenes judiciales por parte de la Agencia Nacional de Tierras.  

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Las comunidades aseguraron que el paro indefinido se mantendrá hasta que se establezcan los diálogos y soluciones a sus reclamos por parte del Gobierno Nacional. Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha concreta para una reunión entre las partes. La comunidad espera una respuesta institucional que permita resolver un conflicto que mantiene afectada la movilidad de toda la subregión.