Procurador Eljach pide acciones "contundentes" tras secuestro de 18 militares en Carmen de Atrato, Chocó
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un llamado al Gobierno y a las autoridades departamentales a tomar 'acciones contundentes' contra quienes atentan contra la Fuerza Pública. Esto se da tras la asonada y el secuestro de 18 militares en el municipio de Carmen de Atrato, Chocó, y el hostigamiento a la estación de policía en Suárez, Cauca.
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La situación en el municipio chocoano de Carmen de Atrato encendió las alarmas de la Procuraduría, luego de que un grupo de personas arremetiera contra los uniformados que cumplían labores de control en la zona. Para Eljach, estos episodios no son aislados y requieren acciones "no solo urgentes, sino contundentes" contra los promotores de estos delitos.
“Es imperativo que se respeten los derechos fundamentales de policías y militares en todo el país”, sentenció el Procurador, subrayando que garantizar condiciones dignas para los uniformados es el primer paso para que estos puedan proteger efectivamente al resto de la ciudadanía.
Comunidades instrumentalizadas
Uno de los puntos más críticos de la declaración del jefe del Ministerio Público es la instrumentalización de las comunidades. Según Eljach, grupos ilegales están forzando a los civiles a impedir la libre movilidad de los soldados y a obstruir procedimientos policiales, una acción que, recordó, constituye un actuar delictivo.
“Es inadmisible que las comunidades se vean sometidas a impedir que policías y militares cumplan con su deber. Cuesta creer que a quienes dedican sus vidas a defenderlos, terminen sometidos a acciones que deslegitiman su quehacer y ponen en riesgo el orden público”, señaló el Procurador.
Vigilancia especial en regiones críticas
Pese al "atropello" que sufren los uniformados en estas regiones, Eljach destacó la entereza de los soldados y policías que, según sus palabras, hacen prevalecer el derecho a la vida incluso en medio de las asonadas.
El Ministerio Público anunció que se mantendrá vigilante para apoyar las medidas prioritarias que se adopten en las zonas que padecen esta problemática con mayor rigor. El llamado final fue claro: el Estado debe brindar condiciones idóneas para que la Fuerza Pública no siga siendo víctima de agresiones orquestadas por las estructuras criminales que operan en los territorios.
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