Minería ilegal, una amenaza millonaria: según Ana Ligia Mora experta ambiental

La minería ilegal en Colombia ha escalado a niveles críticos, convirtiéndose en una grave amenaza para la seguridad nacional, la economía y el medio ambiente. Así lo advierte Ana Ligia Mora Martínez, exdirectora de Corantioquia y exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín, quien subraya que el sector minero, vital para el país, está siendo cooptado por economías ilegales con cifras alarmantes. 

Mora Martínez destaca que más de un millón de personas dependen de la minería, y el sector aporta cerca del 30% de las exportaciones. Sin embargo, la extracción ilícita, especialmente de oro, ha desatado una crisis que va mucho más allá de lo económico. 

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El oro es el ejemplo más preocupante. Según un reporte de la Procuraduría General de la Nación, cerca del 85% del oro que se exporta tiene origen ilegal, sin permisos ambientales ni mineros. 

"La magnitud es alarmante: cada año se producen unas 45 toneladas de oro ilegal, valoradas en más de $21 billones, casi lo mismo que la reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional", señala la experta. 

Lo más grave es la financiación al crimen: el 70% de esa producción ilegal de oro está controlada por grupos armados que la usan para financiar sus actividades criminales, consolidando su dominio sobre vastas regiones. 

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La minería ilegal opera sin pagar impuestos, regalías ni seguridad social, pero deja un inmenso pasivo ambiental. La experta alerta sobre la devastación ecológica: 

• El 88% de la extracción ilegal ocurre en áreas protegidas. 

• Ha habido una degradación de más de 54.000 hectáreas en los últimos años. 

• Existe una preocupante conexión con el narcotráfico: en el 44% de los territorios mineros ilegalmente explotados también hay cultivos de coca. 

Mora Martínez critica el vacío de control estatal. Pese a la magnitud del problema, entre 2022 y julio de 2025 solo se incautaron 193 kg de oro, una caída del 76% frente al periodo anterior (2018-2021). "Si el Estado no actúa con decisión, seguirá cediendo el control de vastas regiones a la ilegalidad, hipotecando el futuro del país", sentencia. 

La exdirectora de Corantioquia hace un llamado urgente a una solución integral. 

1. Prioridad en Seguridad: La política de Seguridad y Defensa debe priorizar la minería ilegal como un problema que amenaza la seguridad nacional. 

2. Actualización Regulatoria: Las regulaciones mineras y ambientales deben actualizarse para responder a la complejidad del fenómeno. 

3. Legalidad y Sostenibilidad: La minería debe integrarse a un modelo que promueva la legalidad, el uso de energías sostenibles y la recuperación de territorios, no se trata de frenar la minería, sino de legalizarla. 

"Se requiere incluir la seguridad como factor de desarrollo económico y protección de los recursos naturales", concluye Mora Martínez, instando al Gobierno a actuar con firmeza para proteger los ecosistemas y desmantelar esta poderosa fuente de financiación criminal.