
Juez ordena consulta previa a comunidades afrodescendientes por obras de Puerto Antioquia
Un juez en Turbo, Antioquia, reconoció el derecho fundamental a la consulta previa de varias comunidades afrodescendientes afectadas por el megaproyecto Puerto Antioquia.
El fallo también exige reparar los impactos que ya han generado las obras. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Turbo emitió una decisión en defensa de los derechos colectivos de comunidades negras asentadas en la región del Urabá antioqueño.
En su fallo, el despacho tuteló el derecho a la consulta previa de los consejos comunitarios de Bahía Colombia, Martín Luther King, Esperanza 2000, Los Mangos, Los Manatíes, Bocas de Atrato y Leoncito, todos ubicados en la zona de influencia del proyecto de infraestructura Puerto Antioquia.
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A propósito, Narciso Mena, representante de consejos comunitarios ante Corpourabá, explicó el alcance de esta decisión “la consulta previa es para mirar qué impacto negativo van a tener las comunidades en la construcción del Puerto, para que así mismo los empresarios puedan hacer las reparaciones del caso a estas comunidades”.
El juzgado ordenó al Ministerio del Interior que convoque formalmente a los representantes de estas comunidades, en un plazo máximo de 48 horas hábiles, para dar inicio al proceso de consulta previa que, según el fallo, ha sido omitido pese al avance superior al 90 % del megaproyecto portuario.
La sentencia también obliga al Estado a realizar un diagnóstico detallado de los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales que ya ha producido la obra. Con base en este análisis, deberá diseñarse un plan de manejo concertado con las comunidades afectadas, que contemple medidas para prevenir, mitigar, reparar o compensar los daños causados.
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Entre las entidades responsables del incumplimiento figuran Puertos, Inversiones y Obras S.A.S. (PIO S.A.S.), la Agencia Nacional de Infraestructura, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Corpourabá, el Ministerio del Interior y el Distrito de Turbo.
Este fallo representa un precedente importante en la protección de los derechos de las comunidades étnicas en Colombia, particularmente frente a megaproyectos que avanzan sin procesos adecuados de participación.
Por: Alejandro Gaviria González