Necoclí, Antioquia
Necoclí, Antioquia
Foto: Alcaldía de Necoclí
8 Sep 2020 04:34 PM

Judicializan al Alcalde de Necoclí por irregularidades en contratos para la pandemia

Paola
Agredo Tapias
@zpaola02
La Fiscalía General de la Nación le imputó dos delitos.

Por las presuntas irregularidades cometidas en la celebración de un contrato para la lavada e higienizada de la plaza de mercado, el parque principal y otros lugares públicos de Necoclí, para prevenir el contagio por la COVID-19, con un plazo de ocho días, la Fiscalía imputó cargos, por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, al alcalde Jorge Augusto Tobón Castro. 

La misma decisión también cobijó al secretario de Gobierno, Yimmy Rivas Palacio, quien actuó como interventor, y el contratista Juan Esteban Úsuga Durango. 

La Fiscalía indicó que el convenio fue firmado el 26 de marzo de este año por el mandatario y la Fundación Brisa y Mar, por una cuantía superior a los 24 millones de pesos.

Los investigadores establecieron que en la ejecución de contrato habría un detrimento patrimonial, de más de 13 millones de pesos, representados en posibles sobrecostos en la adquisición de elementos de aseo y protección, así como en la devolución de algunos dineros que habían sido destinados a pintar la plaza de mercado. 

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Ninguno de los tres procesados se allanó a los cargos. La investigación hace parte de la estrategia ‘Transparencia para la emergencia’ que adelanta el ente acusador por hechos de corrupción en contratos para el manejo de la pandemia.

Condena a exalcalde

A un año y cuatro meses de prisión fue condenado al exalcalde del municipio de San Andrés de Cuerquia, Óscar de Jesús Sepúlveda Londoño, por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

La sentencia fue proferida luego de avalar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa del procesado, en el Juzgado Promiscuo Penal del Circuito de Ituango, Norte del departamento.

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De acuerdo con las investigaciones, se estableció que Sepúlveda Londoño cometió irregularidades en la firma de un contrato por 600 millones de pesos, para la actualización catastral en zona urbana y rural de la población que  él administraba. 

En estas indagaciones se pudo comprobar que el convenio fue suscrito con la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño (Amunorte), entidad que no era idónea para ello ni tenía como objeto misional ese tipo de actividad pública.