El proyecto se hizo sin los estudios previos, informó la Fiscalía.
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5 Ago 2021 08:33 AM

Judicializados ex servidores públicos en Antioquia por presuntas irregularidades en un contrato de más de dos mil millones de pesos

Guillermo León
Ospina Muñoz
@guillermotulus
El proyecto se hizo sin los estudios previos, informó la Fiscalía.

La  Fiscalía General de la Nación confirmó que obtuvo medida de aseguramiento domiciliaria contra dos ex funcionarios públicos y una contratista del municipio de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño. 

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Con dicha decisión judicial fueron afectados el ex secretario de Planeación Municipal Edison Julio Restrepo Herrera, el ex secretario de gobierno y el ex alcalde encargado de esa población Andrés Emilio Luján Monroy, así mismo la contratista Luz Maida Márquez Ruene. 

Estas personas deberán responder por delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. En este mismo fallo un juez de control de garantías impuso medidas no privativas de la libertad contra la ex secretaria de Hacienda María Marleny Cortés Martínez y para Giovanny Romero, quien fungió como interventor del proyecto. Por solicitud de la Fiscalía fue dejado en libertad Hermes José Durango López, también ex secretario de Planeación. 

El motivo que generó esta decisión judicial, de acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Antioquia, está relacionado con el contrato para la construcción de un proyecto denominado Mirador Turístico de Zaragoza que se habría iniciado en enero de 2014 con dineros del Sistema General de Regalías.

Este proyecto se hizo sin los estudios previos de necesidades y pese a un concepto negativo de la Dirección Nacional de Planeación que consideró la obra como un proyecto en riesgo por el manejo de los recursos. 

Las investigaciones establecieron que para dicho proyecto el contratista habría recibido la suma de $ 2'714.990.660, cuantía total del convenio, sin que la obra fuera concluida.

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Los defensores de los afectados con las medidas domiciliarias apelaron la decisión de primera instancia ante los Jueces Penales del Circuito con funciones de control de garantías, informó la Fiscalía General de la Nación.