Familia luchó 16 años para que le devolvieran su predio, tras ser desplazada en Mutatá

Aunque luego de 16 años de lucha, Adriana Sepúlveda Guisao y su esposo recibieron su terreno de 22 hectáreas en Mutatá, aún la persona que lo ocupaba, no ha sacado su ganado del lugar.  

En agosto, el Juzgado Segundo de Restitución de Tierras de Apartadó los reconoció como propietarios de ese predio del corregimiento Caucheras de ese municipio, una zona de la que las familias empezaron a salir a mediados de los noventas, tras las amenazas de los paramilitares. 

Su esposo, Ricardo Antonio Guisao, fue obligado a salir del predio, junto a su familia en el año de 1996, con amenazas de los entonces paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas, luego uno de sus hermanos fue reclutado por la guerrilla de las Farc y amenazado en múltiples ocasiones en ese corregimiento de Mutatá. 

Sepúlveda Guisao, quien ahora es lideresa de reclamantes de tierras, vivió el despojo masivo que dejó sin habitantes a Caucheras y Bejuquillo y recordó este largo proceso. Ahora, aún faltan dos personas por recuperar su tierrita, de los 23 que han reclamado poder volver a sembrar donde antes lo hacían.  

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La mujer recordó lo arduo que ha sido este proceso para recuperar el terreno. Su esposo fue objeto de un atentado en el 2020, era seguido e incluso fue despedido de varios empleos, por ser considerado “un invasor”. En el momento más álgido, cuenta, recibió apoyo de la Unidad Nacional de Protección, pero el riesgo no se ha ido.  

"Fue muy difícil hace cinco años. Nosotros las víctimas hemos sido muy estigmatizados y casi por lo regular, no nos prestaban mucha atención. Fue muy difícil al principio, pero llegó un momento en que fueron tan grandes los daños que nos hicieron que la UNP ya llegó pues y nos brindó la protección", narró. 

Su petición al Gobierno Nacional son garantías de seguridad ahora que esperan volver a la zona de Caucheras y poder trabajar allí, pues en su proceso, aprendieron a hacer queso mozarela para subsistir. 

"A mí me echaron del trabajo por yo ser, ellos decían que mi esposo y yo éramos invasores, guerrilleros y ladrones. Debido a eso pues empezamos a ver una necesidad de que el Estado nos protegiera porque ya se estaban metiendo hasta con el trabajo", contó a este medio de comunicación. 

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"Es muy importante que la autoridades y las instituciones estén muy atentas al tema de protección, porque el tema de restitución es un tema muy álgido, que saca mucha ampolla y está muy reciente, nos deben dar garantías para nosotros tener un buen goce de ese predio", agregó. 

La entrega de este predio es una esperanza para las más de 650 víctimas de despojo de tierras en la subregión del Urabá antioqueño, que insisten en pedir seguridad, teniendo en cuenta que este año seis reclamantes han sido amenazados. Así lo afirmó Ayineth Pérez, presidenta de la Asociación Tierra y Paz, que pidió especial atención a los problemas de seguridad para los reclamantes en el Urabá.  

La Fundación Forjando Futuros, que representa a reclamantes de tierra en el Urabá, afirmó que continuarán siendo garantes del proceso de restitución en el país, pero insistieron en pedir celeridad a las autoridades.

A su vez, anunciaron acompañamiento a las víctimas para que su retorno sea definitivo y con plenas garantías.