DD.HH advierten que 13 municipios de Antioquia reportan nivel crítico de homicidios

El Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), presentó el informe sobre las diferentes situaciones de orden público que se han registrado en el departamento durante este 2025.

El análisis señala que, hasta noviembre del presente año, Antioquia registra 12 masacres que cobraron la vida de 40 personas, superando las 11 masacres reportadas durante todo el 2024. Dicha cifra departamental se encuentra representada cerca del 17% tanto del total de masacres (73) como del total de víctimas (240) a nivel nacional.  

Además, especificaron que 13 municipios de Antioquia se encuentran en un nivel crítico de homicidios y especificaron que 180 líderes sociales han sido asesinados, superando la cifra registrada durante todo el año años anterior, cuando se presentaron 175 casos.  

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En cuanto a desplazamientos forzado, aseguran que en los 11 meses de este 2025, se han registrado nueve eventos y nueve casos de confinamiento en varias localidades del territorio antioqueño, siendo las subregiones del norte y Bajo Cauca las más afectadas.

Según el informe, los frentes 36, 18 y 34 de las disidencias de las FARC operan en al menos 17 municipios. Mientras que, el Clan del Golfo lo hace de manera más extensiva, es decir, este grupo armado tiene presencia con 12 estructuras armadas en más de 90 municipios de Antioquia.

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La Defensoría del Pueblo aseguró durante su intervención, que han emitido varias alertas tempranas sobre los riesgos y violaciones de derechos humanos que se han presentado en el departamento,  así como los municipios que presentan más riesgo por el accionar de los grupos armados ilegales. La entidad mostró su preocupación por los riesgos que hay de cara a las elecciones de 2026.  

Por su parte, La Fundación Sumapaz solicitó al Gobierno Nacional soluciones para combatir la crítica situación que se encuentra viviendo los defensores de derechos humanos en el departamento. Así mismo, reiterando que “Antioquia sigue siendo el segundo departamento más peligroso para la labor de defender los derechos humanos y el movimiento social sigue sosteniendo niveles alarmantes de agresiones, particularmente en territorios donde confluyen disputas armadas, economías ilegales, intereses extractivos y profundas desigualdades sociales”.