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Cayó red que ingresaba migrantes a Colombia y garantizaba su salida hacia Panamá por las costas del Urabá antioqueño
Archivo
2 Sep 2023 08:34 AM

Cayó red que ingresaba migrantes a Colombia y garantizaba su salida hacia Panamá por las costas del Urabá antioqueño

Yuli
Metaute Londoño
En el curso de la investigación se estableció que la organización cobraba cerca de 300 dólares a cada migrante que entraba ilegalmente.

Ante la contundencia de la evidencia obtenida por la Fiscalía General de la Nación, cinco integrantes de una red de tráfico de migrantes aceptaron mediante preacuerdo su responsabilidad en un entramado criminal que garantizaba el ingreso ilegal de extranjeros al país y su salida por vía marítima a Centroamérica.  

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Los sentenciados son: Adrián Ricardo Rojo Correa y Sebastián Carmona Mejía, señalados articuladores de la organización que recibieron penas de algo más de seis años de prisión; y Elkin Alonso Soto Meneses, Luis Alexander Jiménez Carmona y Damián Andrés Murillo Usme, condenados a cuatro años de prisión.

La organización a la que pertenecieron estas personas contactaba a ciudadanos extranjeros, especialmente haitianos y cubanos, y por 300 dólares, aproximadamente, les brindaban transporte terrestre, manutención, hospedaje en un hotel de Medellín y traslados a Capurganá (Chocó), donde eran recogidos en lanchas y llevados a Panamá para que siguieran su camino a Estados Unidos.  

Un juez penal de conocimiento de Medellín avaló la negociación judicial y condenó a estas personas por los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir agravado.  

La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró que esta actividad ilegal la ejercieron entre julio de 2021 y mayo de 2022. 

Paralelo al proceso penal, en mayo de 2002, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre un hotel y tres vehículos, dos de servicio público y uno particular, que estarían al servicio de la red de tráfico de migrantes.  

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Las propiedades afectadas, cuyo valor supera los 2.500 millones de pesos, fueron puestas a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).