Secretario de Paz de Medellín denuncia retiro de su esquema de seguridad y responsabiliza a Petro 

Carlos Arcila Valencia, el secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, denunció públicamente que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le desmontó su esquema de seguridad. Afirmó que esta acción pone en riesgo su vida e integridad personal.

Según el secretario, la decisión es una represalia por sus críticas a las políticas del Gobierno Nacional, especialmente a la estrategia de "Paz Total". 

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El funcionario señaló que ha sido objeto de constantes amenazas por denunciar la presencia de estructuras armadas ilegales en Medellín, y cuestionó que la eliminación de su protección no responda a un análisis técnico de riesgo. “Este desmonte no es una decisión administrativa aislada, sino una forma de persecución política”, afirmó. 

El servidor público; fue contundente al responsabilizar al presidente de la República, Gustavo Petro, y al director de la UNP en caso de que ocurra un atentado en su contra: “A nombre de todos aquellos que nos encontramos en riesgo y peligro, hago responsable al presidente Gustavo Petro por su irresponsabilidad (…) pone en riesgo la vida de líderes, defensores de derechos humanos, y en este caso, la mía”. 

En su declaración, el secretario advirtió que este tipo de decisiones envían un mensaje “alarmante y desesperanzador” a quienes desde diferentes territorios ejercen la defensa de los derechos humanos y la participación política en condiciones de vulnerabilidad. 

Finalmente, hizo un llamado a la UNP para que actúe con imparcialidad y garantice la protección de todas las personas en situación de riesgo, sin importar sus posturas políticas. 

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Concejo de Campamento exige garantías tras el asesinato de un corporado en Antioquia

La consternación por el asesinato del concejal Juan Camilo Espinosa Vanegas, ocurrido en el municipio vecino de San Andrés de Cuerquia, se extiende por todo el norte antioqueño. Esta vez, fue el Concejo Municipal de Campamento el que expresó su más enérgico rechazo al crimen y pidió al Estado acciones urgentes para proteger a quienes ejercen el liderazgo político y social en regiones históricamente golpeadas por la violencia. 

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“Nos duele profundamente la pérdida de un joven líder que dedicó su vida al servicio público, con humildad, compromiso y amor por su comunidad”, expresó la corporación a través de un comunicado oficial, en el que también destacó que su legado continuará como ejemplo de liderazgo cercano, valiente y comprometido con la gente. 

Las autoridades indicaron que el crimen habría sido cometido por un adolescente de 17 años, señalado como presunto integrante del frente 36, lo que ha generado preocupación por la influencia de estructuras armadas ilegales en la región. 

El pronunciamiento del Concejo, acompañado de un mensaje de solidaridad para los familiares, compañeros de corporación y habitantes de San Andrés de Cuerquia, también incluye un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para que se refuercen las medidas de seguridad para todos los concejales del país. “Quienes día a día asumimos con responsabilidad la tarea de servir a nuestras comunidades, muchas veces lo hacemos en condiciones de alta vulnerabilidad y riesgo”, advirtió el Concejo. 

El asesinato del concejal Espinosa ha generado reacciones en distintos sectores políticos y sociales que coinciden en la necesidad de fortalecer la presencia institucional en los territorios y garantizar el derecho a la participación democrática en condiciones de dignidad y seguridad.