
UNP redujo protección a líder de Caucasia pese a amenazas y a fallo judicial
La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) lanzó una grave denuncia contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), señalando que la entidad estaría desmantelando esquemas de seguridad sin estudios técnicos, sin análisis serios de riesgo y en abierta violación de órdenes judiciales. Esta situación, advierte la ONG, deja expuestas a personas en alto riesgo, especialmente líderes sociales y defensores de derechos humanos.
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La entidad sostiene que en Colombia —considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la defensa de derechos humanos— los crímenes no comienzan con un disparo, sino con decisiones administrativas que recortan medidas de protección sin sustento técnico.
Uno de los casos más preocupantes involucra a un líder social del Bajo Cauca antioqueño, una región bajo fuerte presencia de grupos armados ilegales. El hombre ha sido víctima de amenazas directas, seguimientos, extorsiones y hostigamientos durante años.
A pesar de que su nivel de riesgo fue calificado como extraordinario, la UNP redujo su esquema de seguridad a un solo escolta y lo obligó a movilizarse en transporte público, exponiéndolo aún más.
El afectado recurrió a la justicia, y el pasado 2 de julio, el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Caucasia ordenó restablecer el vehículo blindado y el escolta retirados, además de realizar un nuevo estudio técnico que considerara el contexto territorial y las amenazas denunciadas. Sin embargo, más de un mes después, la orden judicial no ha sido cumplida.
Ante el incumplimiento, el 1 de agosto, el juez emitió un auto por posible desacato contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, y la subdirectora de Evaluación del Riesgo, exigiendo explicaciones y advirtiendo consecuencias legales.
Corpades advierte que este no es un caso aislado, sino parte de un desmonte sistemático de esquemas de seguridad que afecta a cientos de personas protegidas. Las reducciones se estarían realizando sin estudios rigurosos, sin análisis de contexto y sin consulta previa con las víctimas.
En muchos casos, la UNP justifica los recortes alegando que las amenazas no han sido plenamente investigadas por la Fiscalía, ignorando que más del 90% de las amenazas contra líderes sociales en Colombia permanecen en la impunidad y que muchas terminan en homicidios.
Es importante destacar que, el líder afectado fue amenazado con arma de fuego el 9 de junio, recibió llamadas extorsivas y mensajes intimidatorios con referencias directas a su domicilio. Pese a estas evidencias, la UNP mantuvo el recorte de su esquema de protección.
Corpades denuncia que el sistema de protección revictimiza a quienes debería proteger, y que cada reevaluación del riesgo se ha convertido en una amenaza en sí misma; además, cuestionó la inacción de la Procuraduría y otras entidades que deberían garantizar el cumplimiento de los fallos judiciales.
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Continúa exhumación en Santa Bárbara: hallazgo de fosa común podría revelar más víctimas
La investigación sobre el hallazgo de una fosa común en zona rural del municipio de Santa Bárbara sigue arrojando nuevas revelaciones.
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En medio de una diligencia de exhumación que se adelanta desde hace varios días, unidades judiciales de la Policía Antioquia y el CTI de la Fiscalía, con apoyo de la UBIC de este municipio, indicaron que lograron localizar dos puntos con restos óseos humanos, presuntamente correspondientes a personas reportadas como desaparecidas desde 2022.
Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para su identificación, mientras las labores de búsqueda continúan en terrenos baldíos a las afueras del municipio, según confirmó el secretario de Gobierno local, Diego Echeverry, en diálogo con Alerta Paisa de RCN.
La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), que ha seguido de cerca el caso, recibió información que sugiere que el número de cadáveres hallados podría ascender a cinco, todos encontrados en lo que sería una fosa común ubicada en el parqueadero de la vereda Palestina.
La organización no descarta que haya más cuerpos enterrados en la zona, lo que podría convertir este hallazgo en uno de los más graves en el Suroeste antioqueño en los últimos años. Corpades ha insistido en que estos hechos deben ser investigados con celeridad y profundidad, dado el contexto de violencia que afecta a la región.
De acuerdo con reportes de la Policía Antioquia, en el Suroeste del departamento operan al menos nueve grupos de delincuencia organizada, muchos de ellos vinculados al microtráfico y con nexos con el Clan del Golfo. Las disputas entre bandas se han intensificado, especialmente por el control territorial y por facciones que intentan independizarse de estructuras más grandes.