Casa museo de Pablo Escobar en Medellín.
Casa museo de Pablo Escobar en Medellín.
Archivo/Fiscalía General de la Nación
22 Mar 2024 06:09 PM

SAE desaloja casa museo de Pablo Escobar en Medellín, donde vivía su hermano alias El Osito

Estefanía
Pérez Botero
El inmueble está avaluado en 12 mil millones de pesos y ya habían intentado desalojarlo dos veces, pero El Osito lo habría impedido.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y entidades como la Personería Distrital y el ICBF llevaron a cabo una operación conjunta para desalojar la casa museo del narcotraficante Pablo Escobar, la cual estaba ubicada en Medellín y era administrada por su hermano, Roberto Escobar, alias El Osito.  

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Este inmueble es objeto de una medida de extinción de dominio por presunto lavado de activos y la materialización del embargo fue llevado a cabo el pasado 19 de octubre. La SAE expidió un acto administrativo que ordena a la policía administrativa que consiga que la familia de Pablo Escobar retire todos los elementos del museo que hacen alusión al excapo del Cartel de Medellín y que eran usados para atraer visitantes y turistas que querían saber sobre la vida de este, los cuales no fueron incluidos en la medida de extinción de dominio.  

El valor de este inmueble, ubicado en la comuna El Poblado, tiene un valor de 12 mil millones de pesos y originalmente fue propiedad de Pablo Escobar, pero luego habría sido registrado a nombre de un testaferro.  

Como el procedimiento de desalojo fue suspendido en dos ocasiones, ahora se llevará a cabo el retiro de muebles y enseres transitoriamente, para trasladarlos a la bodega de la SAE. Los vehículos serán custodiados de manera temporal y la Sociedad de Activos Especiales pretende crear un proyecto de resignificación de este espacio. 

Cabe mencionar que, de acuerdo con información de la Fiscalía expuesta por la SAE, Roberto Escobar, alias El Osito, habría empleado diferentes estrategias, incluyendo el registro del inmueble a nombre de terceros, para ‘‘mantener el dominio sobre el inmueble’’.  

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Asimismo, habría usado ‘‘la falta de capacidad económica de las personas registradas como propietarias legales para adquirir la propiedad’’, lo que reflejaría que la compra del inmueble está relacionada con actividades ilícitas.