Protesta de los operadores de Buen Comienzo.
Protesta de los operadores de Buen Comienzo por los nuevos requisitos de contratación.
Cortesía: Cerlys García
31 Ene 2021 09:38 AM

Fundación Carla Cristina desvincula a empleado por adulterar documentos

Johanna
Ramírez Gil
@johannarami
Los operadores adelantaron plantones en rechazo a los nuevos requisitos exigidos para contratar con la Alcaldía de Medellín.

La Fundación Carla Cristina abrió una investigación interna para esclarecer las circunstancias en las que un empleado adulteró un documento que exigió el programa Buen Comienzo para la contratación este año, tal y como lo denunció la Alcaldía de Medellín.

En un comunicado, la entidad aseguró que el empleado fue desvinculado, actuó por “decisión propia” y “sin el conocimiento de los directivos”, y “en contravía de las políticas y los valores de la institución”.

El secretario General de Medellín, Jhonatan Villada, aseguró que  interpusieron una denuncia en la Fiscalía por posible falsedad en documento público y fraude procesal. Afirmó que la fundación pretendía ingresar a la lista de oferentes sin tener en realidad el certificado de vigilancia y control.

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“Luego de evaluar y verificar que un documento contenga elementos falsos, la única decisión que podíamos adoptar era denunciar, ante la Fiscalía, la posibilidad de que dicha fundación y su representante legal estén incurriendo en unos delitos específicos en el marco de participación en un proceso de contratación”, señaló.

La fundación aseguró que les “causa inmensa preocupación este hecho extraño”, debido a que se han destacado durante 57 años por el cuidado de la primera infancia, beneficiando a 200.000 niños de Antioquia.

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Por ahora, la Alcaldía adelanta la contratación con 33 de los 40 operadores de Buen Comienzo que han cumplido con los nuevos requisitos exigidos para este año, entre ellos, estar en el Banco de Oferentes de Primera Infancia

Según la  Administración municipal, la fundación suministró un certificado el 22 de enero de 2021, el cual, al ser verificado con la Gobernación de Antioquia, evidenció que el acto administrativo fue expedido el 14 de febrero de 2019 y su contenido “no estaba relacionado con el contexto actual ni la certificación para la presente anualidad”. Además, estaba firmado por un funcionario que ya no ostentaba ese cargo.