Fiscalía acusó a exsecretaria de Educación de Medellín, por presuntas irregularidades en contratos de Buen Comienzo

Recientemente se realizó Acusación contra exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Ruiz Agudelo; la exdirectora del Programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín, Lina María Gil Zapata y al particular Henry Paulisson Gómez Montoya, por presuntas irregularidades con contratos correspondientes con el programa Buen Comienzo.  

La Fiscalía General de la Nación, acusó formalmente a la exsecretaria y otras dos personas, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos.  

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“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de sobrecostos en los kits alimenticios, con productos cotizados por encima de los costos del mercado; además de la vinculación de talento humano sin tener en cuenta las necesidades y los requerimientos técnicos para atender a los beneficiarios, y pagos de honorarios por servicios no prestados”. De acuerdo con la Fiscalía, estas anomalías generaron una posible apropiación ilegal de recursos en favor del contratista por 1.423 millones de pesos. 

El ente acusador informó que las exfuncionarias habrían permitido el cambio de la modalidad de selección abreviada mediante subasta inversa a una contratación por prestación de servicio. De esta manera, escogieron de manera directa a la corporación representada por Henry Paulisson Gómez Montoya para que cumpliera el objeto previsto. 

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El otro contrato cuestionado da cuenta que, tras la declaratoria de urgencia manifiesta en marzo de 2020, fue suscrito con Buen Comienzo, un acuerdo, sin embargo, el contratista no reunía los requisitos exigidos en los estudios previos como una bodega para el almacenamiento de los alimentos. Para este propósito dispuso de un inmueble de la ciudad sin que mediara un arrendamiento o comodato. 

Expone la Fiscalía que al igual que el anterior contrato fueron identificados sobreprecios en los paquetes alimentarios, duplicidad en los pagos por la logística en la entrega y una apropiación ilícita de recursos por 956 millones de pesos.