Para impulsar las investigaciones fue solicitada una auditoría con peritos expertos en seguridad informática.
El Consejo de Estado anunció que le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación iniciar las respectivas investigaciones para establecer que funcionarios rompieron la cadena de custodia de contratos relacionados con la adquisición de vacunas anticovid para Colombia.
El alto tribunal indicó que, para ese fin, se llevará a cabo una auditoría con peritos expertos en seguridad informática.
“Solicitó al Consejo Superior de la Judicatura el apoyo y acompañamiento a la oficina de sistemas del Consejo de Estado, para la realización de una auditoría con expertos en seguridad informática que permita conocer la trazabilidad del mencionado proceso y saber en qué momento y en manos de cuál o cuáles funcionarios se rompió la cadena de custodia a la que tales documentos estaban sometidos”, indicó el Consejo de Estado.
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Los magistrados del Consejo de Estado extendieron la solicitud de investigación también ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
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— Consejo de Estado (@consejodeestado) August 11, 2021
En el comunicado se informa que el Consjeo de Estado también “pidió la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, realicen las investigaciones a las que haya lugar”.
El Consejo de Estado reiteró que la revelación de estos documentos se registró “Con ocasión de los hechos presentados en el trámite de la acción de tutela con radicado 110010315000200210331300, en cuyo proceso, se incorporó al sistema de gestión judicial el documento Acuerdo de Fabricación y Suministro entre Pfizer Export BV (PEBV) Y Fiduprevisora S.A”.
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Esta decisión del Consejo de Estaso se produjo luego que el alto tribunal reconociera que por equivocación, divulgó al público información de carácter reservado sobre la adquisición de las vacunas contra la covid-19.
En un primer comunicado el Consejo de Estado había señalado que “tal documento se incorporó al sistema de gestión judicial sin advertir que, al momento de realizarse dicha actuación, perdió los atributos de seguridad con los que fue enviado. El presidencia del Consejo de Estado advierte que se trató de un error involuntario y que adelantarán las investigaciones correspondientes”.
Fuente
Sistema Integrado de Información
