Cifras en reportes a la CIDH de entidades del estado, sociedad civil y otros sectores no coinciden
Cifras en reportes a la CIDH de entidades del estado, sociedad civil y otros sectores no coinciden
RCN
11 Jun 2021 08:12 AM

Cifras en reportes a la CIDH de entidades del estado, sociedad civil y otros sectores no coinciden

Herlency
Gutiérrez
@HerlencyG
Defensoria, Fiscalía, MinDefensa, HRW y varias oenegés presentaron sus informes ante la CIDH.

La Defensoría del Pueblo es una de las instituciones que ha presentado ante la CIDH, información sobre la situación de derechos humanos en Colombia en el desarrollo de las protestas.  

La Defensoría indicó que, desde el 28 de abril hasta el 03 de junio anterior, había recibido 417 quejas por presuntas vulneraciones de derechos humanos; 306 de estas quejas señalan como responsables a miembros de la fuerza pública. 

Reportó también que 466 personas desaparecieron en el desarrollo de las protestas y 58 murieron. En cuanto a los fallecidos no precisa quienes serían los presuntos responsables.  

Por su parte, la Fiscalía indicó que tiene un reporte de 51 casos de muertes, y que 21 de estos homicidios están vinculados directamente con la protesta. Señaló también que actualmente están en la búsqueda de 91 personas desaparecidas; y precisó que ya han sido encontradas 328.  

El experto en derecho internacional, y profesor de la Universidad de La Sabana, Carlos Arévalo Narváez, explicó cómo será la labor de la CIDH analizando cada uno de los informes recibidos desde diferentes sectores:  

“Es claro por el reglamento de la misma comisión, que ellos tienen que asegurarse que la información sea confiable y convincente y esa puede venir de distintas fuentes; de igual forma, tiene que pasar por el test de la confiabilidad, eso quiere decir que habrá muchos de estos informes que, por la metodología que siguen, o por los elementos probatorios que allegan, puede cumplir con esos requisitos”, indicó. 

Y agregó que “también habrá muchas afirmaciones que no tengan sustento y sobre ellas, la comisión no podrá basarse para su informe, eso es por lo menos lo que establece su reglamento. Ahora, por supuesto, los comisionados tendrán autonomía para poder tener en cuenta la información que ellos consideren, los informes que ellos consideren entregan datos que son pertinentes”.  

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El experto precisó que son robustos los informes que la CIDH recibe tanto del estado como de sociedad civil y oenegés, y que luego del análisis vendrán ciertas recomendaciones: 

“Seguramente concluirá con recomendaciones que toma el tiempo para su implementación, como puede ser si se pide una reforma a la fuerza pública, capacitación, cambios normativos como todo el tema de asistencia militar, en fin, estos estos temas que seguramente se han tocado, que son temas más estructurales y sensibles, puede que reciban recomendaciones de la comisión, pero claramente serán temas que tomarán tiempo de estructurar por parte del estado”. 

Otras organizaciones en el país también presentaron sus reportes ante la CIDH; por ejemplo, ONG Temblores, Indepaz, y el programa Paiis, reportaron 41 homicidios durante las manifestaciones; señalaron que fueron cometidos por miembros de la fuerza pública.  

El Ministerio de Defensa reportó que el uso de armas de fuego por parte de la Policía no está autorizado durante el acompañamiento de las manifestaciones pacíficas, y precisó que solo el Esmad puede utilizar armas, municiones y dispositivos menos letales, única y exclusivamente cuando se presentan hechos de violencia.  

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Reporte de Temblores, Indepaz y Paiis 

La ONG Temblores, Indepaz, y la organización Paiis, entregaron un reporte que recoge vulneraciones de derechos que han ocurrido desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo en el desarrollo del paro nacional. En el informe especifican los siguiente: 

3.798 víctimas de violencia por parte de miembros de la fuerza pública distribuidas así: 1.248 víctimas de violencia física, 41 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública; 1.649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes; 705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas; 65 víctimas de agresiones oculares; 187 casos de disparos de arma de fuego; 25 víctimas de violencia sexual y 6 víctimas de violencia basada en género. 

En el reporte a la CIDH, indican que se han registrado 184 situaciones en las que la policía ha accionado armas de fuego en contextos de las protestas. Dicen que, de estas, 70 personas han recibido un impacto de arma de fuego y han quedado heridas. De igual forma, reportan que han documentado 16 casos de disparos de arma de fuego en medio de zonas residenciales. 

Reportan que al menos 20 personas han muerto por impactos de armas de fuego activadas presuntamente por la Policía Nacional en el contexto del Paro Nacional. 

Señalan que se han registrado 193 casos de uso de armamentos en contra de los cuerpos de los manifestantes.  

De igual forma, reportan que el arma conocida como “Venom” empezó a ser utilizada por el ESMAD en el paro nacional. Dicen que antes de esta coyuntura no se había visto en acción este dispositivo que consiste en un lanzador múltiple de proyectiles con capacidad para 30 cartuchos.

La ONG Temblores, Indepaz, y la organización Paiis, abren también un capítulo especial sobre el lanzamiento indiscriminado de aturdidoras y gases lacrimógenos por parte del ESMAD en barrios residenciales y dentro de viviendas. Manifiestan que esto ha afectado tanto a quienes están en el espacio público manifestándose o realizando cualquier otra actividad, como a personas que se resguardan dentro de sus lugares de domicilio. 

Señalan que se han registrado un total de 119 casos de casos en los que se vulneró de alguna manera el principio de publicidad de los procedimientos policiales: reportan 50 casos de hostigamiento, agresión y retención de miembros de la prensa, 29 casos de hostigamiento a civiles por grabar estos procedimientos y 40 casos en los que hay al menos un policía sin identificación. 

Human Rights Watch 

La organización Human Rights Watch en su informe ‘Brutalidad policial contra manifestantes’, dice que esta organización obtuvo evidencias creíbles que indican que la policía mató al menos a 16 manifestantes o transeúntes con municiones letales disparadas con armas de fuego.  

Señala que al menos una víctima más murió por golpizas y otras tres por uso indebido o excesivo de gases lacrimógenos o aturdidoras. 

Reporta también que documentó múltiples casos de detenciones arbitrarias, incluyendo varios en los que la policía empleó la figura de “traslado por protección”. 

Dice que se ha informado que al menos 419 personas han desaparecido durante las protestas, y que el 4 de junio, la Fiscalía indicó que había localizado a 304 de esas personas. Manifiesta que, en algunos casos, quienes las reportaron como desaparecidas no sabían que estas personas habían sido detenidas. 

Ministerio de Defensa 

El informe presentado por el Ministerio de Defensa en el marco de la visita de la CIDH, dice lo siguiente: 

Señala que el uso de armas de fuego por parte de la Policía no está autorizado durante el acompañamiento de las manifestaciones pacíficas. Precisa que solo el Esmad puede utilizar armas, municiones y dispositivos menos letales, única y exclusivamente cuando se presentan hechos de violencia que afectan derechos y previa orden de la autoridad administrativa ubicada en el PMU. 

Ante los casos de civiles de civiles disparando, indica que el gobierno cuenta con fuerte políticas de restricción y porte de armas de fuego. 

En cuanto a las manifestaciones realizadas en el país desde el pasado 28 de abril, reporta que se han presentado 12.478 actividades, y el 88 por ciento han sido pacíficas. 

En el informe presentado por el Ministerio de Defensa, hay un aparte especial sobre el papel de la Policía para restaurar el orden ante los hechos violentos o disturbios en el desarrollo del Paro Nacional, y allí explica que el uso de la fuerza por parte del Esmad es el último recurso físico. Indica que este grupo está conformado por 4.988 hombres y mujeres, quienes hacen uso de ‘armas menos letales’.  

Reporta que en el país se han presentado 12.478 manifestaciones pacíficas, y 1.413 acciones violentas, que necesitaron intervención.  

Dice que, desde el 28 de abril hasta el 04 de junio, en el desarrollo del paro nacional se han visto afectados 14 derechos fundamentales: han fallecidos 19 civiles y 2 uniformados. Y han resultado lesionados, 1.106 personas civiles, y 1.253 uniformados. 

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Reporta 3.107 bloqueos, 26 departamentos con afectaciones por desabastecimiento, y 241 municipios también con afectaciones por abastecimiento. 

En su informe, el Ministerio de Defensa hace un apartado especial correspondiente a las ciudades de Cali, Bogotá, Popayán, Pereira, Neiva. Presenta el número de manifestaciones en cada ciudad, y las afectaciones presentadas. 

Indica que más de 148 infraestructuras gubernamentales han resultado afectadas, así como 25 bienes culturales como lo son monumentos, 111 semáforos, 150 cámaras de seguridad.  

Hay también un apartado especial sobre las afectaciones a la Policía Nacional por lo que hace un reporte de los bienes afectados y la integridad física. Registra que 1.253 uniformados han resultado lesionados, 9 hospitalizados, 2 fallecidos, y una víctima de abuso sexual. 

Indica también que 113 CAI ha resultado afectados, 12 estaciones de policía, 536 vehículos institucionales, entre otros. 

El Ministerio de Defensa reporta que ha existido un patrón de ataque a la justicia y otros bienes públicos a través de noticias falsas y campañas de desinformación.  

En cuanto a procesos disciplinarios, dice que hay 178 investigaciones disciplinarias, 23 de ellas asumidas por la Procuraduría General de la Nación. 

Y finalmente, en sus conclusiones señala, entre otras cosas que “el gobierno nacional cumple rigurosamente, es garante de los derechos humanos. Las manifestaciones pacíficas se acompañan. Los actos de violencia y criminalidad se neutralizan, controlan y se busca su judicialización. Cuando existen casos de presuntas violaciones de derechos humanos se ponen en conocimiento de la justicia colombiana, quienes son los llamados a investigar y sancionar”.