Las familias se desplazaron por miedo, tortura e intimidaciones de los grupos armados.
Las familias se desplazaron por miedo, tortura e intimidaciones de los grupos armados.
Cortesía: Proceso Social de Garantías.
15 Sep 2020 01:30 PM

Temor por nuevos desplazamientos tras doble homicidio en Cáceres, Antioquia

Maira
Arbeláez Camaño
@maiarbe
Cerca de 700 personas ya habían abandonado sus territorios por amenazas de grupos armados ilegales.

Como Alfredo Manuel Campos Miranda y Norbey Salgado Vital, de 35 y 32 años de edad respectivamente, identificaron las autoridades a los dos mineros asesinados en la vereda Los Azules de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño.

El secretario de Gobierno, Martín Emilio Rivera, dijo que las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el doble homicidio, pese a que aún no hay pistas sobre los móviles del crimen, en la zona hacen presencia Los Caparros, el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc.

Este crimen ocurre una semana después de la masacre de cinco personas, en el corregimiento El Pato de Zaragoza, razón por la que el Bajo Cauca se mantiene en alerta por situaciones violentas que han alterado el orden público en la región.

Confirmó que temen por nuevos desplazamientos masivos, pues la comunidad está atemorizada por nuevas confrontaciones. En total, 700 personas ya habían abandonado la vereda Isla Amargura por torturas e intimidaciones.

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Trece días después del desarraigo masivo, algunas familias han optado por irse hasta Caucasia, donde pasan las noches en casa de familiares. Las otras personas permanecen en una escuela del corregimiento el Guarumo, donde han recibido ayudas humanitarias, pero ya escasean los alimentos.

Entre tanto, pese a la presencia de la fuerza pública, las familias están atemorizadas, no se sienten tranquilas para regresar a la vereda, donde varios jóvenes fueron torturados.

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En la zona hay injerencia de Los Caparros y el Clan del Golfo.  El comandante de la Séptima División, general Juan Carlos Ramírez, aseguró que permanecerán en la zona para “proteger a la población de cualquier amenaza o intención criminal de grupos armados organizados”.