Las familias debieron abandonar sus resguardos por las amenazas de los grupos armados.
Las familias debieron abandonar sus resguardos por las amenazas de los grupos armados.
Cortesía: Organización Indígena de Antioquia, (OIA).
10 Feb 2021 01:28 PM

Más de 200 familias indígenas están sin alimentos tras su confinamiento en Cáceres, Antioquia

Maira
Arbeláez Camaño
@maiarbe
Los grupos armados les prohibieron las labores de pesca y el acceso a sus cultivos agrícolas.

Desplazadas, confinadas y sin alimentos permanecen 231 familias indígenas de Cáceres (Antioquia), tras las amenazas de los grupos armados ilegales que los obligaron a abandonar desde hace seis meses el territorio, además de prohibirles sus actividades agrícolas y de pesca en el río Cauca.

A través de un comunicado, la Organización Indígena de Antioquia, (OIA), recordó que estas familias completaron cerca de seis meses en esta situación que vulnera sus Derechos Humanos. Las familias de la vereda Isla la Dulzura, tuvieron que buscar refugio en la comunidad de Guarumo, luego de dejar sus casas y enseres.

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Entre tanto, la OIA también informó que “vienen registrando enfrentamientos armados en el resguardo Alto del Tigre, lo que pone en alto riesgo a las familias que habitan la zona y quienes estarían contemplando la posibilidad de desplazarse para salvaguardar sus vidas".

Comunidades afectadas

José de los Santos, Isla la Dulzura, Guarumo Balay, Puerto Santo Manantial,  Jardín la Esperanza y Alto del Tigre, son las comunidades indígenas que hoy no tienen alimentos. 

Ante esta situación, la Organización Indígena de Antioquia hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y a la Gobernación de Antioquia, para que adelanten las investigaciones pertinentes y se puedan mitigar los riesgos a los que están expuestas las comunidades.

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Cabe mencionar que esa entidad expuso que el Bajo Cauca antioqueño se ha convertido en un corredor estratégico utilizado por los grupos armados al margen de la ley, afectando a las comunidades con ataques armados, extorsiones, trabajos comunitarios obligatorios, acceso limitado a servicios básicos y reclutamiento forzado.