La Asamblea de Antioquia y el Concejo de Medellín realizaron debate de control político al agente interventor de Savia Salud

En la mañana de este jueves, en el Recinto Asamblea de Antioquia, se realiza Sesión plenaria, en la que en conjunto la Asamblea de Antioquia, y el Concejo de Medellín, hacen Debate de control político al agente interventor de Savia Salud. 

Uno de los concejales proponentes, Damián Pérez Arroyave, indicó que en la actualidad la entidad, ha sido ahogada financieramente. Expuso que la intervención por parte del Gobierno Nacional prometía sanear la entidad se convirtió en su peor pesadilla”. 

Agregó: "La intervención no logró su objetivo de corregir la inviabilidad y mantiene a la EPS en causal de la liquidación. Esta situación demuestra la ineficiencia de esta medida. A más de dos años del inicio de la operación de Savia Salud, continua adeudando a la Red Pública de salud del Distrito casi medio billón de pesos", dijo Damián Pérez Arroyave, concejal de Medellín.

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Como dato hay que indicar que desde la Asamblea de Antioquia se compulsarán copias a la Procuraduría tras inasistencia del agente interventor de Savia Salud al Debate de Control político que estaba citado por parte de la Asamblea departamental y el Concejo por la situación de la entidad. Así lo indicó la presidenta de la Asamblea, Verónica Arango: "Dejamos constancia que durante esta semana deberemos enviar la compulsa de copias y los respectivos argumentos jurídicos a los entes de control para que se investigue del agente interventor"

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Por su parte, el diputado, Jorge Alonso Correa, catalogó como devastadoras las cifras del sistema de salud en Antioquia por parte de Savia, son más de 4 billones de pesos en deudas. Y expuso cinco factores estructurales y coyunturales, que son las causas detrás de la crisis:

La primera, Retrasos en pagos y deudas entre EPS, IPS y las irregularidades por los cambios de gestores farmacéuticos, que afectan la cadena de suministro. Segundo, distorsiones logísticas que obligan a los pacientes a recurrir al canal comercial, donde los precios son más altos. Tercero, barreras administrativas y burocráticas que interrumpen los tratamientos. A esto se suma la falta de transparencia en la gestión financiera de las EPS intervenidas y por último, las falencias en la rendición de cuentas que "incrementan la desconfianza y desinformación.