Gobernador de Antioquia pidió a la UNP revisar esquemas de seguridad en el país

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que sean evaluados los esquemas de seguridad de varios funcionarios públicos, entre ellos mandatarios regionales. 

Rendón dijo que en la actualidad existen muchas personas "corbatas" que realmente no necesitan el servicio de seguridad y, al contrario, hay varios personajes que sí están expuestos a la grave situación de orden público que vive el país. 

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Agregó que, un ejemplo puntual, fue lo ocurrido con el precandidato a la presidencia de la República y Senador, Miguel Uribe Turbay. 

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Frente a su esquema, por ejemplo, dijo que desde hace más de 15 años cuenta con un esquema de seguridad robusto.

Por último, el mandatario hizo un llamado a mantener la sensatez y la mesura, en medio de las labores de investigación por lo ocurrido con Uribe Turbay en Bogotá. 

Rechazo de gobernadores tras lo ocurrido con Miguel Uribe 

Durante el más reciente encuentro de la Federación Nacional de Gobernadores, los mandatarios departamentales enviaron un mensaje conjunto al país en rechazo al atentado perpetrado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. En un comunicado a la opinión pública, los gobernadores expresaron su solidaridad con Uribe y su familia, al tiempo que elevaron oraciones por su pronta recuperación. 

El pronunciamiento, respaldado por todos los miembros de la Federación, reitera el compromiso de los gobiernos regionales con la defensa de la democracia y la institucionalidad, e invita a todos los sectores políticos y sociales a unirse en torno a la reconciliación y la desescalada de la violencia política. 

“Exhortamos a todos los colombianos, especialmente a los funcionarios públicos y actores políticos, a asumir con responsabilidad y respeto un diálogo de país donde el centro sea la unidad institucional”, indica el comunicado oficial. 

En un llamado enfático al Gobierno Nacional, los gobernadores exigieron medidas urgentes para impedir el uso de menores de edad en actos de violencia, señalando la creciente preocupación por la instrumentalización de la niñez por parte de estructuras criminales.