JEP Eduardo Cifuentes
JEP Eduardo Cifuentes
Jurisdicción Especial para la Paz
27 Jul 2022 11:29 AM

Falsos positivos en Antioquia: Imputan crímenes de lesa humanidad a 10 militares

Mauricio
Collazos
@CollazosMao
A este nuevo grupo de militares se les señala de ser responsables del asesinato y la desaparición forzada de al menos 46 víctimas.

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) formularon imputación por crímenes de guerra y de lesa humanidad, contra diez integrantes del Ejército Nacional, entre ellos tres coroneles, tres mayores, tres suboficiales y un soldado profesional, por el homicidio y desaparición forzada de por lo menos 46 víctimas de casos de ‘falsos positivos’, cuyos restos fueron encontrados en el cementerio de Dabeiba (Antioquia).

El magistrado Alejandro Ramelli anunció que esta decisión afecta a integrantes del BCG-26 Arhuacos, agregados a la Cuarta Brigada del Ejército, comandada por el Brigadier General Mario Montoya Uribe, implicados en el asesinato fuera de combate y desaparición forzada del joven Edison Lexander Lezcano, quienes jamás habían sido imputados por la justicia colombiana y aceptaron su participación en el crimen.

Así mismo, sostuvo que estos crímenes relacionados con los cementerios de Dabeiba e Ituango, (Antioquia) se encontraban en la impunidad y los comparecientes de la fuerza púbica ante la JEP, asumiendo un compromiso con la verdad y las víctimas, decidieron confesar espontáneamente la comisión de delitos por los cuales hasta la fecha no habían sido investigados e involucraron a máximos responsables.

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Los magistrados también precisaron que ninguna de las víctimas exhumadas, identificadas y entregadas dignamente perteneció a un grupo armado ilegal, como trataron de hacerlo creer responsables de estos crímenes atroces.

“Debido a la inexistencia de informes oficiales y de víctimas, la destrucción de documentos operacionales, y los muy precarios avances de las justicias ordinaria, penal militar y disciplinaria, la investigación se soportó por completo sobre los aportes a verdad plena realizados por diversos comparecientes de la fuerza pública, contrastados con las evidencias forenses, así como con las pruebas decretadas y practicadas por la JEP”, indicó el magistrado Ramelli.

A su turno, la magistrada Nadiezhda Natazha Henríquez Chacín señaló que se constató la existencia de un conjunto de graves irregularidades en el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, las cuales ayudaron a que por años - desde 1982 y hasta el 2010 -, se convirtiera en un lugar “ideal” para perpetrar el crimen de desaparición forzada.

“Inexistencia de unos lugares de inhumación, debidamente demarcados para personas no identificadas, cuyos cuerpos eran enterrados de forma aleatoria por todo el cementerio; (ii) autorización, hacia el año 2016, de la realización de unas labores de “embellecimiento” del camposanto, apoyadas por efectivos de la Brigada XVII del Ejército Nacional”, indicó la magistrada Henríquez Chacín.

 ¿Quiénes son los militares implicados?

Los militares imputados por estos graves hechos son: Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la BRIM 11), David Herley Guzmán Ramírez (excomandante del BCG 79) Efraín Enrique Prada Correa (excomandante del BCG 79), Edie Pinzón Turcios (excomandante del BCG 26 Arhuacos), dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo (BCG 26), Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (BCG 79).

Igualmente, deberán responder en calidad de máximos responsables los sargentos en retiro del BCG 79: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo y un soldado profesional en retiro del BCG 79: Levis de Jesús Contreras Salgado.

Víctimas identificadas

Según el informe de los magistrados hasta el momento, previas órdenes de la JEP ha sido posible recuperar, identificar y entregar dignamente a sus familiares ocho víctimas inhumadas en el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, y a tres más en diligencias realizadas con la Fiscalía General de la Nación.

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La JEP dejó en claro que, si bien algunos familiares habían recibido una indemnización económica por parte del Estado, no conocían el paradero de sus seres queridos, la verdad sobre lo sucedido, ni a los responsables de los crímenes.