Exalcalde Héctor Rangel y siete personas más fueron imputadas por el presunto desfalco a la Alcaldía de Apartadó

En medio del escándalo que rodea a la Alcaldía de Apartadó, Urabá antioqueño por el desfalco de 3.500 millones de pesos en la administración de Héctor Rangel, la Fiscalía indicó este miércoles 24 de septiembre que, el exmandatario,  tres exfuncionarios y cuatro particulares fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.  

Las personas judicializadas son: el exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel Palacios Rodríguez; el exsecretario de Hacienda, Luis Arnobio Cuesta Borja; el exsubsecretario Contable y Financiero, Edison Alberto Mosquera Quinto; el extesorero del municipio, Cristian Mena Valencia; y los particulares Diego Andrés Cardona Doria, Alexander Bolaños García, Ruth Mary Torres Castillo y Diana Marcela Uribe Giraldo. 

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, se conoció que los exfuncionarios recibieron alertas sobre las inconsistencias; sin embargo, las habrían omitido y permitido la aprobación de las transferencias irregulares.  

Agregó el ente que, los particulares son señalados de recibir los dineros públicos, a sabiendas de que no había un contrato u obligación legal que los respaldara. Con respecto a Cristian Mena Valencia, hay evidencias que lo involucra en 13 trasferencias más, después enero de 2025, cuando Palacios Rodríguez dejó el cargo como alcalde por una inhabilidad. 

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Por disposición del juez de control de garantías, Mena Valencia deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario; mientras que el exmandatario, Cuesta Borja, Mosquera Quinto y Cardona Doria recibieron medida no privativa de la libertad con vigilancia de brazalete electrónico, la prohibición de concurrir a las instalaciones de la Alcaldía y de salir del país, entre otras restricciones. Los demás procesados continuarán vinculados a la investigación. 

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Sobre el proceso, autoridades investigan 49 transferencias electrónicas que fueron realizadas entre el 2024 y 2025 desde cuentas municipales a terceros, sin soportes contractuales, registros contables ni comprobantes de egreso válidos.