Atentado en el Bajo Cauca antioqueño
Atentado en el Bajo Cauca antioqueño
Foto: Cortesía
1 Oct 2019 04:23 PM

En vía del Bajo Cauca antioqueño desconocidos incineran una volqueta

Paola
Agredo Tapias
El vehículo pertenece a la concesión Autopista Conexión Norte.

En la vía que del corregimiento de Escarralao conduce hacia el municipio de El Bagre desconocidos atacaron uno de los vehículos que pertenece a la concesión Autopista Conexión Norte. En esa zona del Bajo Cauca antioqueño se adelantan trabajos para pavimentar la carretera. 

Hasta el sitio donde permanecían parqueadas varios vehículos y maquinaria amarilla, llegaron cuatro personas que se movilizaban en motocicletas, rociaron combustible a una de las volquetas y le prendieron fuego.

El coronel Edison Rubiano Beltrán, comandante del Distrito de Policía del Bajo Cauca, detalló que hasta el momento se desconoce la autoría de este acto

"Llegan cuatro personas, al parecer rocían combustible sobre una de las volquetas y le prenden fuego. Se está haciendo el tema investigativo para verificar la autoría de este hecho. Hasta el momento no tenemos información puntual sobre si corresponde a algún grupo armado organizado o tema de delincuencia común", añadió. 

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El oficial indicó que se adelanta un trabajo investigativo para determinar los responsables del ataque y si la concesión tenía amenazas en su contra. 

Recordó además que el año pasado se presentó una situación similar en ese mismo sector, donde también fueron incinerados varios vehículos. 

'Clan del Golfo'

Como si se tratara de una franquicia, el 'Clan del Golfo' estaría vendiendo a pequeños grupos de delincuentes el derecho a cobrar extorsiones, utilizando su nombre en Antioquia.

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El propósito del negocio sería generar mayor intimidación a los comerciantes y transportadores, víctimas de las ‘vacunas’, y crear la sensación de un fortalecimiento de la organización.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, calificó de “empresarios del delito” a los miembros del 'Clan de Golfo', que cobrarían hasta 70 millones de pesos mensuales por prestar su nombre y dar instrucciones a los delincuentes sobre el cobro de extorsiones, la venta de estupefacientes y la minería ilegal.