Crisis de seguridad en Andes y Betulia: informe revela que los homicidios se dispararon por disputa de grupos ilegales

La confrontación armada, impulsada por el control de economías ilícitas como la minería de oro y el narcotráfico, ha generado una crisis de derechos humanos sin precedentes en el Suroeste antioqueño. Un informe de cinco organizaciones sociales revela que, a corte de agosto de 2025, la subregión ya superaba la cifra total de homicidios registrada en todo 2024, con un alarmante aumento en municipios como Andes y Betulia. 

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De hecho, el documento, titulado “Informe sobre Derechos Humanos del Suroeste antioqueño, 2025”, es presentado por la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, Corporación Vamos Mujer, Corporación Conciudadanía, Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC). 

En este sentido, según las cifras analizadas de la Policía Nacional, el Suroeste antioqueño alcanzó los 253 homicidios hasta el 30 de agosto de 2025, una cifra que excede los 245 casos que se contabilizaron durante todo el año 2024. Los municipios más afectados por este escalamiento son: 

Andes: Que pasó de 20 homicidios en 2024 a 60 casos reportados para el 30 de octubre de 2025. 

Betulia: Mostró un salto crítico, pasando de 11 a 29 homicidios. 

Por consiguiente, las organizaciones atribuyen este recrudecimiento a la expansión del Bloque Edwin Román Vásquez de las AGC, una estructura que ha avanzado hacia las zonas de Cartama y San Juan para disputar el control de los yacimientos de minería ilegal a gran escala.  

Además, grupos como La Oficina del Valle de Aburrá (a través de La Terraza - San Pablo) también centran su estrategia en el control total de las rentas derivadas de esta actividad ilícita. 

No obstante, la crisis no se limita a los homicidios. Por el contrario, entre 2024 y septiembre de 2025, se registraron 419 denuncias por delitos sexuales, superando ampliamente los 155 casos acumulados en los dos años anteriores. Más del 85% de las víctimas son mujeres, niñas y niños menores de 14 años. 

Así mismo, Andes vuelve a liderar el panorama de desplazamiento forzado, pasando de 36 declaraciones en 2024 a 195 en septiembre de 2025. 

En consecuencia, estas dinámicas afectan con especial severidad a líderes sociales, defensores de derechos humanos (particularmente quienes se oponen al proyecto Quebradona en Jericó), y a las comunidades indígenas Karmata Rúa y La Mirla, que enfrentan riesgo de exterminio físico y cultural por confinamiento e instrumentalización de menores. 

Finalmente, el documento concluye que en medio de esta disputa armada por el control de economías ilícitas (minería y narcotráfico), la población civil ha sido la más afectada. Esto incluye a recolectores de café, mujeres sometidas a explotación sexual y menores de edad utilizados por las estructuras armadas. 

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