Contraloría de Antioquia indicó que la imputación al gobernador no es una persecución en su contra

Tras conocerse la imputación de cargos fiscales al gobernador de los antioqueños, Andrés Julián Rendón Cardona por parte de la Contraloría General de Antioquia. Por presuntas irregularidades en un proyecto de ciclorrutas ejecutado cuando Rendón se desempeñó como alcalde de Rionegro, oriente antioqueño entre 2016 y 2019.  

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Según lo indicado por el órgano de control, el trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal no es reciente. Su Auto de Apertura fue proferido formalmente el 1 de junio de 2022. Desde esa fecha, “se han surtido con rigor todas las etapas probatorias y de contradicción previstas en la Ley 610 de 2000, lo que desvirtúa cualquier señalamiento de improvisación o persecución coyuntural”, manifestaron. 

Investigación. 

Según las autoridades se investiga un detrimento patrimonial estimado en $26.186.600.440 (Veintiséis mil ciento ochenta y seis millones seiscientos mil cuatrocientos cuarenta pesos). En el marco de esta investigación, se encuentran formalmente vinculados exfuncionarios y actuales servidores públicos del orden departamental, quienes actuaron como gestores fiscales en las etapas contractuales objeto de investigación; “sobre los cuales aún recae la presunción de inocencia” y están llamados a ejercer su derecho de defensa. 

Es de anotar que, una vez se conoció la imputación, desde la Gobernación de Antioquia indicaron que se trata de “una actuación inusitada, a menos de tres días para que la actual contralora deje su cargo” y sostuvo que “es evidente el tinte político que la acompaña: lo hace a última hora y sin competencia para ello, extralimitándose en sus funciones”. 

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Ante esto, la Contraloría General de Antioquia reitera que el expediente no se encuentra archivado ni inactivo. Por el contrario, se han realizado todas las actuaciones técnicas y jurídicas necesarias para proteger el patrimonio público. “La señora Contralora, Enedith del Carmen González Hernández, al terminar su periodo, entregará el proceso en un estado avanzado, salvaguardando la integridad del acervo probatorio frente a cualquier transición administrativa”. 

Por último, la Contraloría aclara que, al encontrarse el proceso en una etapa procesal activa y decisoria, no pueden divulgarse detalles del proceso, hasta que no se profiera un fallo en firme. Esta medida tiene como fin garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia de los investigados.