Condenan a la Nación por falso positivo en Antioquia en 2002

En el solar de un ancianato en San Rafael, el 9 de marzo de 2002, la Cuarta Brigada del Ejército Nacional presentó en rueda de prensa, los cadáveres de tres hombres adultos y dos niñas, señalados como guerrilleros de las Farc, quienes se habrían enfrentado con las tropas oficiales, en momentos en que supuestamente pretendían dinamitar  un puente y atentar contra la represa Guatapé-El Peñón, en el Oriente antioqueño.

El hecho que traspasó las fronteras de Colombia, días previos a las elecciones  regionales, fue reportado por los generales Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego, para la época, comandantes de Unidad Militar y de la Policía Metropolitana de Medellín, quien no tenía jurisdicción en ese territorio.

Indignados, los familiares de Érika Viviana Castañeda López y Deisy Johana Carmona Usme, de 13 y 14 años, así como los estudiantes del Liceo San Rafael, marcharon por las calle del municipio para protestar por lo que consideraron una infamia, porque según ellos, las menores no eran guerrilleras y se movilizaban en una camioneta para asistir a una fiesta en la vereda El Silencio.

Después de una larga batalla en los tribunales y cuando el caso parecía que iba a quedar en los anaqueles del olvido, en enero de 2009, el ex paramilitar, Parmenio de Jesús Usme García se presentó ante una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz en Medellín para rendir versión libre. Allí, desesperados por conocer la verdad estaban los parientes de los cinco civiles masacrados por la patrulla militar.

El postulado anunció que confesaría 200 crímenes. Al ser consultado sobre la muerte de las dos adolescentes y los tres adultos que movilizaba en su camioneta, aseguró que ese día había problemas de transporte y estas personas, que nada tenían que ver con las autodefensas, le pidieron que las llevara hasta una vereda. Dijo que el ataque iba dirigido en su contra y que sobrevivió con heridas de consideración, pero se evadió del hospital para evitar su captura.       

Con este testimonio y otros allegados a las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas, las familias de las dos niñas y de Giovanny Uribe Noreña, Nelson Alfredo López Fernández y Jhon Jairo Hincapié Ciro, lograron desempolvar los expedientes y que el mundo conociera la verdad, sobre la ejecución extrajudicial de sus seres queridos, a quienes vistieron con uniformes camuflados y pusieron armas en sus manos, para mostrarlos como guerrilleros abatidos en combate.

En su defensa, el Ejército alegó que uniformados del Batallón de Artillería No. 4 fueron atacados y solo respondieron al fuego, sin querer causar daños a civiles. Pero no fue así, dice el fallo del Consejo de Estado al fallar una demanda interpuesta por la familia de la niña, Érika Viviana, quien recibió seis impactos de fusil.

El alto tribunal ordenó el pago de una indemnización a los familiares de las cinco víctimas fatales, y realizó un duro cuestionamiento a la Justicia Penal Militar por la mediocre investigación que en principio realizó sobre los hechos.

Recordemos, que en este caso fueron condenados los militares, Óscar Mayo Marulanda, Carlos Fernández Calderón, Luis Ortega López, Fabián Gutiérrez Oquendo, Luis Meza Montoya, Iván Robles Meriño y Ever Ospina Martínez, responsables de homicidio en persona protegida