Condenan a Antioquia por no apoyar fundación que educaba a reinsertados y víctimas del conflicto

El departamento de Antioquia fue condenado por omitir el pago del servicio de educación que le presentó una fundación a reinsertados de grupos armados ilegales y desplazados en el Urabá en 2007.

La Fundación San Sebastián de Urabá reclamaba que pese a que se cumplió con las respectivas capacitaciones nunca recibieron el pago por sus servicios.

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Tras hacer el respectivo reclamo la Fundación nunca recibió una respuesta satisfactoria, situación por la cual presentaron una demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.

La Fundación indicaba que el departamento se había enriquecido sin justa causa porque no había solventado los costos del servicio educativo que se le sido a las víctimas y desmovilizados de grupos armados, por lo que exigía el pago de 450 millones de pesos.

En el estudio del caso, el ente territorial señaló que la Fundación había decidió prestar los servicios por cuenta propia sin que se realizara un proceso formal para ejecutar el mismo.

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El Tribunal condenó al departamento y le obligó a pagarle la prestación de los servicios educativos. El caso llegó al Consejo de Estado que ratificó el fallo, poniéndole punto final a este debate doce años después.

En el fallo se indicó que pese a que no existía un contrato previo que formalizara los deberes del ente territorial en este caso, sí existió a su favor un enriquecimiento sin justa causa, pues se vio beneficiado por la iniciativa que tomó la Fundación para satisfacer el acceso a un derecho fundamental como lo es la educación, sin que existiera contraprestación.

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Para el Consejo de Estado, con la omisión del pago se desconocieron los derechos de sujetos especialmente protegidos como lo son los desplazados, “así como ocasionar que los reinsertados reincidieran en acciones ilegales y en la vinculación a bandas criminales o que se produjera su deserción escolar definitiva una vez que tuvieron acceso a los beneficios educativos”.