Condenan al Ejército por 'falso positivo' en Anorí: La supuesta arma de la víctima conservaba su máxima carga, demostrando la ejecución
El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar más de mil novecientos millones ( $1.925’367.176 pesos) a los familiares de un hombre que fue presentado como muerto en combate en enero de 2007, cerca de la vía que de Anorí conduce a Medellín. La alta corte concluyó que existen serias dudas sobre la ocurrencia de un enfrentamiento, determinando que se trató de una ejecución extrajudicial.
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En su fallo, el órgano constitucional desmontó la versión oficial del Ejército. Esta sostenía que el deceso se produjo luego de que la víctima y su acompañante dispararan contra los soldados durante un operativo contra el narcotráfico en el sitio conocido como La Montañita. La clave de la decisión fue el hallazgo del revólver supuestamente utilizado por la víctima, pues se determinó que el arma conservaba su máxima carga.
Es por esto, el Consejo de Estado determinó que no es razonable concluir que los disparos que recibió la víctima hubieran sido producto de un ejercicio de legítima defensa por parte de los uniformados.
Para el alto tribunal, no es coherente que la víctima o su acompañante se hubieran abstenido de disparar si hubiesen sido ellos quienes iniciaron el ataque. Por lo tanto, el Consejo de Estado concluyó que "no hubo enfrentamiento y que se trató de una ejecución por miembros de la autoridad demandada".
El expediente señala que el hombre llegó al lugar de los hechos luego de ser contactado por miembros del Ejército Nacional antes de resultar muerto y ser reportado falsamente como baja en combate.
De esta manera, el Consejo de Estado reafirma la responsabilidad del Ejército Nacional y su deber de resarcir el daño a los familiares de la víctima.
Condenan a la Nación por una muerte ilegítima presentada como dada de baja en combate por agentes del Estado ocurrida en Anorí (Antioquia)
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— Consejo de Estado (@consejodeestado) November 21, 2025
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Migración desmantela secta judía Lev Tahor: Rescataron 17 menores en Yarumal, Antioquia
En un operativo de alto impacto en el municipio de Yarumal, Antioquia, Migración Colombia, en coordinación con el Gaula Militar del Ejército Nacional, rescató a 17 menores de edad que hacían parte de la comunidad judía ortodoxa radical conocida como Lev Tahor. La intervención se realizó en un establecimiento hotelero tras recibir alertas sobre la presencia de menores de nacionalidad estadounidense, guatemalteca y canadiense vinculados a esta secta.
De las 26 personas identificadas, 17 eran menores de edad, y un dato alarmante es que cinco de ellos tenían una Circular Amarilla vigente de Interpol, emitida para alertar sobre la desaparición de personas y posibles víctimas de delitos graves como trata de personas y secuestro.
Las siete familias, que ingresaron al país entre el 22 y 23 de octubre procedentes de Nueva York, Estados Unidos, son investigadas debido a previas alertas de agencias homólogas.
La comunidad Lev Tahor ha sido señalada internacionalmente por presuntos delitos contra menores de edad en Guatemala y Estados Unidos, incluyendo condenas a algunos de sus líderes por secuestro y explotación sexual infantil.
Las autoridades colombianas tienen indicios de que la secta podría estar buscando establecer una nueva colonia en el país para continuar con sus actividades.
El procedimiento contó desde el inicio con el acompañamiento del Gaula Militar y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Los menores y los adultos fueron trasladados al Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín.
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Los niños, niñas y adolescentes se encuentran en buen estado de salud, y su acompañamiento integral está garantizado con la presencia permanente de defensores de familia y equipos interdisciplinarios del ICBF, incluyendo profesionales en psicología y trabajo social.
La Directora General de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó la crucial articulación interinstitucional:
"La prioridad absoluta es garantizar la protección de los menores de edad. Por eso actuamos desde un enfoque preventivo, de manera coordinada con el ICBF, la Policía Judicial, el Gaula Militar y la Fiscalía, asegurando un acompañamiento integral que salvaguarde sus derechos y bienestar”.
Migración Colombia, en conjunto con el Gaula, el ICBF y la Fiscalía General de la Nación, está trabajando para esclarecer la situación de los menores, descartar que hayan sido víctimas de abuso y verificar cualquier indicio relacionado con trata de personas, mientras evalúan las posibles medidas migratorias aplicables a los adultos.