Empresas Públicas de Medellín, EPM.
Empresas Públicas de Medellín, EPM.
Cortesía: EPM.
6 Ago 2021 03:10 PM

Caso Aguas Claras: EPM radicó reposición y tutela contra decisión de juzgado de Bello de embargar cuentas

Jhon Arley
Gil Jaramillo
La Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Aguas Claras inició operaciones en el año 2018.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) radicó un recurso de reposición y una acción de tutela en contra de las decisiones del juzgado municipal de Bello, de ordenar el congelamiento de las cuentas bancarias de varias entidades públicas y empresas privadas por la suma de 30.000 millones de pesos, por daños derivados de la construcción de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Aguas Claras.

La empresa conoció una copia informal del auto que decreta el embargo por la suma de 30.000 millones de pesos a las cuentas bancarias de las empresas Hyundai Construction, Alcaldía de Bello, Aguas Nacionales (filial de EPM), Hidroestación, consorcio Aguas del Aburrá, contratistas HMV Ingenieros, Nippon Koei, Sedic, Hyun Engineering y Poyry.

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Por tal motivo, EPM aclaró que en este auto, el juzgado no ordenó el embargo de las cuentas bancarias de EPM. Se indicó que por alguna razón, que desconoce EPM, el mismo juzgado remitió oficios a las entidades financieras donde Empresas Públicas de Medellín tiene cuentas bancarias, ordenando su embargo, por “30 billones de pesos” y, pese a que el juzgado, a instancias de EPM, ya rectificó que la suma realmente embargada era de 30.000 millones, y no de 30 billones de pesos, no ha explicado por qué persiste la orden dirigida a los bancos para que practiquen embargos que no han sido decretados.

Estas y otras inconsistencias del juzgado motivaron a EPM a radicar un recurso de reposición y una acción de tutela en contra de las decisiones del juzgado municipal.

Para el inspector Sebastián Montoya, quien ha estado acompañando a los demandantes en este proceso legal, la tutela no es el medio idóneo y las cuentas si son embargables. 

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Los demandantes buscan, con esta acción de grupo, una reparación económica por los daños a las propiedades que se encuentran al rededor de la planta de EPM, ya que ha tenido un desvalor por el mal olor que genera la planta desde que empezó a funcionar.