Audiencia de medida de aseguramiento: nuevas pruebas por presunta corrupción contra exfuncionarios de la Alcaldía

La Defensa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Misael  Cadavid, representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí; Elkin González, su representante suplente; y Luz Janet Rúa, funcionaria vigente del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Todo esto luego de relatar durante más de dos horas las pruebas que los señalan como los presuntos responsables de crear un entramado de corrupción durante la alcaldía de Daniel Quintero Calle.

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Durante la participación de la defensa, fueron expuestas varias irregularidades en términos administrativos y financieros y que involucran al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el cuerpo de bomberos voluntario de Itagüí, tras la suscripción de seis contratos que superaron los 17 mil millones de pesos. 

Uno de los apartes más importantes de esta jornada, dicho por la defensa, fue la conversación que tuvo Misael Cadavid y Janeth Rúa, el pasado 21 de agosto de 2020. Precisamente allí se mencionaron términos tales como rentabilidad, el mismo que, según la Fiscalía y ahora la defensa de las víctimas, fue considerado un punto especial para avanza en la investigación. 

Según su intervención, los seis  contratos presentan sobrecostos y bienes sin soporte de compra que representarían un detrimento superior a los 2.481 millones de pesos.

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Entre los contratos más relevantes se encuentran: el contrato 481-2021, correspondiente a la entrega de kits para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19.  Este evidencia sobrecostos por más de $65 millones y bienes sin soporte de compra por $268 millones.  En su adición, se identificaron bienes sin soporte de compra por $400 millones, lo que eleva el valor conjunto a $734,7 millones.

Así mismo, el contrato 878-2020, también relacionado con la pandemia, registra sobrecostos por $233 millones y bienes sin soporte de compra por $81 millones, sumando $314 millones

Seguido a este se encuentra el contrato  984-2021, destinado a la entrega de kits y este  presenta posibles sobrecostos superiores a los $255 millones.

De igual forma, el contrato 1011-2020 evidencia servicios de transporte no prestados por más de 11 millones de pesos y recargos de celulares no ejecutados por $15 millones con un total de más de 26 millones de pesos. 

Otro de los contratos es el 522-2021, y este  refleja servicios de transporte no prestados por $39 millones y recargos de celulares por $40 millones, para un total de $79 millones.

Finalmente, el contrato 982-2021 incluye servicios de transporte no prestados por más de $41 millones, recargos de celulares no ejecutados por $4 millones y posibles sobrecostos en servicios por $639 millones, consolidando una de las cifras más altas del caso.

En total, según la defensa de la víctima, al consolidar los seis contratos se evidencian  sobrecostos por más de $1.200 millones y bienes o servicios sin soporte de compra por $1.268 millones, para un valor total observado de $2.481 millones.

Durante la jornada, la defensa volvió a hacer hincapié en que la mayoría de los recursos desviados era para financiar parte de la campaña de Misael Cadavid al Congreso de la República. Todo eso hacer parte de la investigación. 

Seguido a la audiencia, otro de los momentos importantes fue cuando nombraron a Lucas Cañas, señalado también  de  hacer parte de este presunto entramado de desvíos económicos durante los años 2020 y 2022 

Finalmente la audiencia fue suspendida por la jueza 7 municipal de control de garantías y ahora,  se espera que el próximo martes se tome la decisión de si estas personas van o no a la cárcel.