59 familias de zona rural del municipio de Tarazá llevan cerca de un mes desplazadas en el coliseo de esta localidad

Debido al enfrentamiento entre el Clan del Golfo y el ELN y el incremento de minas antipersona en este territorio, 59 familias de las veredas Tahamí y Doradas Altas se desplazaron hasta el casco urbano del municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño.  

Según indicaron estas estas comunidades, son 143 personas, entre ellos cerca de 15 menores de edad, los que permanecen en el coliseo de este municipio desde hace casi un mes, quienes continúan esperando el acompañamiento del Gobierno Nacional.  

Además, indicaron que el pasado 15 de octubre, sobre las 2:00 de la tarde, un hombre resultó gravemente herido tras la activación de una mina antipersonal en la vereda Doradas Bajo. Esta persona permanece delicada de salud y requiere un traslado a Medellín para recibir mejor atención médica.  

Lea también: “He dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública”, Álvaro Uribe Vélez

Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC) solicitó a las entidades atención urgente para que estas familias puedan regresar a sus hogares y cuenten con todas las garantías de seguridad en sus veredas.

"En medio de ese corredor de movilidad se encuentran ubicadas las veredas Doradas Altas y Tahamí. Allí ha existido un control territorial del ELN, reforzado con una presencia muy activa de las disidencias de la FARC del Frente 36. No obstante, desde hace varios meses, las AGC intentan controlar este territorio y por eso se han provocado, básicamente, unas ofensivas armadas muy violentas que han generado tanto el desplazamiento de la población como también confinamiento”, dijo Carlos Zapata.

También puede leer: Procuraduría hizo llamado urgente a los Ministerios de Defensa y del Interior por crisis humanitaria en Briceño

La subsecretaria de Derechos Humanos y Paz de Antioquia, María Patricia Giraldo informó que en los próximos días llegará toda la atención institucional a estas comunidades para brindarles el acompañamiento que requieren. 

Estos hechos ya habían sido denunciados por la Defensoría del Pueblo a través de un documento donde indicaron, “Solicitamos la participación activa de los ministerios del Interior y de Igualdad y Equidad, así como de Prosperidad Social y la Unidad de Restitución de Tierras, en el Comité Territorial de Justicia Transicional”.  

Este ministerio público había advertido en la Alerta Temprana 045 de 2024 que los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza presentaban riesgos humanitarios por las disputas y control territorial de los grupos armados.