Tribunal admite demanda de Federico Gutiérrez contra el Gobierno Nacional por crisis de la salud

El Tribunal Administrativo de Antioquia ha dado un paso trascendental al admitir la demanda interpuesta  por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, en relación con la crítica situación del sistema de salud en Colombia.  

La demanda, que apunta a los incumplimientos del Gobierno Nacional, busca proteger el derecho fundamental a la salud de millones de ciudadanos.

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La acción legal del alcalde Gutiérrez vincula directamente a los Ministerios de Salud y Protección Social, Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Nacional de Salud, la ADRES y las EPS intervenidas. Esta decisión judicial no solo representa un hito para Medellín, sino para todo el país, sentando un precedente en la defensa del sistema de salud. 

Además de los mencionados, el Tribunal ordenó vincular a toda la red hospitalaria pública y privada de la ciudad, así como a la Procuraduría General de la Nación, para que se pronuncien sobre los posibles incumplimientos. 

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El Gobierno Nacional tiene ahora un plazo de cinco días hábiles para pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por el alcalde. Esta medida busca evitar un perjuicio irremediable ante el riesgo inminente a la vida y la salud de los colombianos. 

Federico Gutiérrez radicó la demanda en su calidad de primera autoridad sanitaria de la ciudad, argumentando que la intervención del Gobierno a distintas EPS y la falta de giro oportuno de recursos a las IPS son las principales razones que han llevado a la crisis actual. 

Según el alcalde, los hospitales en Medellín están recibiendo apenas el 6% de los recursos adeudados por los servicios prestados. "Si su plan era hacer una reforma destruyendo el sistema, lo están logrando. Y por eso los hago directamente responsables. No me voy a quedar callado mientras otros juegan con la salud de la gente", expresó Gutiérrez Zuluaga al presentar la acción popular. 

La situación es crítica en instituciones como el Hospital General, al que se le adeudan $128.000 millones, y la red pública Metrosalud, con una deuda de $32.000 millones. La falta de estos recursos ha puesto en jaque la operatividad de clínicas y hospitales, afectando directamente la atención a los usuarios.