Presentan demanda de nulidad contra las autorizaciones que permitieron el traslado de cabecillas al llamado “Tarimazo” en Medellín

El representante a la Cámara por Antioquia, Juan Espinal presentó una demanda de nulidad contra las resoluciones del INPEC que permitieron el traslado de once cabecillas de organizaciones criminales recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí hacia la Alpujarra, para asistir al llamado “Tarimazo”.  

De acuerdo con el congresista, estás resoluciones carecen de fundamento jurídico válido y contravienen lo dispuesto en la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) y la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), al permitir traslados con fines ajenos a los previstos por la ley.  

“Ese traslado se realizó a solicitud de la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien supuestamente actuó como coordinadora para la Construcción de la Paz Urbana, figura que no está contemplada en el ordenamiento jurídico ni entre los sujetos legalmente facultados para solicitar traslados de personas privadas de la libertad”, aseguró Espinal.  

Puntualizó el congresista que, la acción judicial busca restablecer el orden jurídico, reafirmar la competencia exclusiva de la rama judicial en la ejecución de penas y evitar que se repitan actuaciones que comprometan la institucionalidad penitenciaria del país. 

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Hay que recordar que, este evento se realizó el pasado 21 de junio en la Plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra bajo el nombre “Pacto por la Paz Urbana”, y contó con la presencia del presidente Gustavo Petro y la participación de jefes de estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, recluidos en la cárcel la Paz de Itagüí y quienes presuntamente fueron trasladados al sector de la Alpujarra sin autorización judicial ni sustento normativo. 

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Por su parte, el concejal de Medellín, Andrés Tobón, que está citado a declarar en contra de la senadora Isabel Zuleta en el mes de noviembre, indicó que, lo ocurrido el 21 de junio no fue un error administrativo sino una violación deliberada al orden jurídico: “No existe norma alguna que justifique el traslado de condenados a un acto político. Fue una decisión ilegal, peligrosa y profundamente antidemocrática”. Para Tobón Villada, el caso del “Tarimazo” debe marcar un precedente en la defensa de la legalidad y la dignidad institucional.